Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Michoacán ha logrado convertirse en referente nacional en materia de derechos indígenas al consolidar un modelo de autogobierno que reconoce a las comunidades originarias como un cuarto orden de gobierno", así lo explicó Humberto Urquiza Martínez, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, quien ha sido parte fundamental del diseño e implementación de esta política pública.
En entrevista para el programa "En Contexto. Abriendo la conversación en Michoacán", que se transmite por Radio Fórmula Morelia, el funcionario señaló que, al inicio de la actual administración en 2021, las comunidades indígenas apenas contaban con una base legal limitada, sustentada en reformas recientes a la Ley Orgánica Municipal y resoluciones de tribunales. A partir de ese contexto, se inició un proceso legislativo y administrativo que ha reformado la Constitución local, el Código Electoral, la Ley de Seguridad y la de Obras Públicas, entre otras normativas.
Actualmente, 46 comunidades de Michoacán ejercen el autogobierno con presupuesto directo, y se espera que otras cuatro se integren antes de finalizar el año, para seguir avanzando hacia la meta de reconocer a 129 comunidades durante la actual administración. Esta política, basada en el respeto a la libre determinación, se ha nutrido tanto de propuestas comunales como de experiencias nacionales, incluso de las propuestas del movimiento zapatista, iniciado hace más de tres décadas, aunque con una ruta institucional distinta.
Un elemento distintivo ha sido el reconocimiento formal de la faena como forma legítima de contribución comunal, equiparable a los impuestos en otros órdenes de gobierno. Este modelo ha permitido maximizar el uso de recursos públicos mediante trabajo colectivo, una práctica común en la mayoría de las comunidades indígenas.
Uno de los avances más significativos ha sido la reforma constitucional que reconoce a las comunidades indígenas como parte del proceso legislativo estatal. Hoy, cualquier modificación a la Constitución de Michoacán requiere también la aprobación de las comunidades con autogobierno, lo que formaliza su papel como actores políticos.
El modelo michoacano, explica Urquiza Martínez, también ha comenzado a influir en la agenda nacional. Instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación ya analizan este fenómeno, y el propio gobierno federal ha mostrado interés en replicar algunos de sus elementos en otros estados.
Además de los cambios legales, dijo, se trabaja en la formación de cuerpos de seguridad comunales (kuarichas) con enfoque en derechos humanos y protocolos de búsqueda de personas. Esta medida responde a un diagnóstico que vincula la desaparición de personas en comunidades indígenas con afectaciones directas a la gobernabilidad.
El Estado ha iniciado capacitaciones regionalizadas en municipios como Uruapan y Zamora, priorizando a comunidades purépechas que han reportado los mayores casos de desapariciones. La participación de estas autoridades comunales en los protocolos de búsqueda busca mejorar la efectividad de las acciones y construir mecanismos culturalmente adecuados.
Otro reto importante ha sido establecer criterios para el reconocimiento de comunidades indígenas. Se ha superado el enfoque cuantitativo de hablantes de lengua indígena, y ahora se privilegia el principio de autodeterminación, respaldado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que ha reconocido formalmente a 376 comunidades en Michoacán.
Sin embargo, no todas pueden ejercer el autogobierno de inmediato. La ley exige que las comunidades estén organizadas como tenencias. Actualmente, 129 comunidades cumplen con ese criterio. Aun así, se reconoce que muchas otras tienen derecho a ser escuchadas y atendidas, aunque no accedan al presupuesto directo.
El reto ahora es doble: transformar la cultura institucional del servidor público y replantear el rol de los ayuntamientos, que históricamente han sido omisos con estas comunidades. El gobierno estatal ha comenzado por impulsar un decálogo para funcionarios, con el objetivo de cambiar actitudes discriminatorias y fomentar una relación de respeto.
Finalmente, Urquiza Martínez destacó que institucionalizar el diálogo y no la imposición ha sido clave para que este modelo perdure. El éxito del proceso dependerá no solo de reformas legales, sino de una transformación profunda en la forma en que el Estado mexicano se relaciona con los pueblos indígenas. Michoacán, afirmó, está demostrando que ese cambio es posible.
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