Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho sin precedentes en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció la aplicación de la primera reparación del daño ambiental por cambio de uso de suelo en México, relacionada con el cultivo ilegal de aguacate en un ejido de la Zona Centro de Michoacán.
De acuerdo con la resolución emitida por la Oficina de Representación Ambiental y Gestión Ambiental de Profepa Michoacán, se restituirá una superficie de 27.3 hectáreas que fue devastada por la tala de árboles nativos, principalmente pinos, para sembrar de forma ilícita 6 mil 260 plantas de aguacate, algunas con hasta cuatro años de crecimiento.
En una operación coordinada entre autoridades federales, ejidatarios, activistas ambientales y la sociedad civil organizada, se procederá a la remoción total de estas plantas, así como de cuatro hoyas de captación de agua construidas sin autorización. Posteriormente, se llevará a cabo una reforestación masiva con 43 mil 200 árboles nativos, cuya supervivencia deberá ser garantizada durante los próximos cinco años.
El ejido involucrado es uno de los pocos en Michoacán con autorización de aprovechamiento forestal sustentable y programas de saneamiento vigentes con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), lo que, según Profepa, brinda condiciones óptimas para la restauración del ecosistema afectado.
Con esta acción, Michoacán se convierte en el primer estado en ejecutar una reparación ambiental de este tipo, en un esfuerzo por frenar la expansión ilegal del monocultivo de aguacate, que ha puesto en riesgo la biodiversidad y el equilibrio hidrológico de distintas regiones de la entidad.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el esfuerzo como un avance clave hacia una relación más responsable con los recursos naturales:
En una segunda fase, Profepa contempla intervenir otras 200 hectáreas afectadas, en su mayoría por cultivos de agave, aplicando un esquema similar de restauración y justicia ambiental.
Esta estrategia marca un parteaguas en la protección ambiental de Michoacán, al establecer un precedente de responsabilidad legal y ecológica ante la creciente presión sobre los bosques por parte de intereses agrícolas no regulados.
RPO
