Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, los ciudadanos cuentan con una alternativa para resolver conflictos con autoridades sin necesidad de agotar un juicio administrativo, a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC) en materia administrativa del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado.
En entrevista para MIMORELIA.COM, la coordinadora general del CMASC, Tamara Prats Vidal, explicó que este centro funciona como un intermediario entre particulares y autoridades, con el fin de facilitar el diálogo y alcanzar acuerdos que pongan fin a las controversias antes de llegar a un juicio.
Detalló que este modelo surge a partir de la Ley General de Mecanismos Alternativos, publicada el 26 de enero del año 2024, la cual establece la obligación de crear estos centros en los tribunales administrativos del país.
“Nosotros conocemos de conflictos que hay entre particulares y autoridades y que nos pueden remitir, ya sea de los que están en juicio en los juzgados o también hay otra parte de la sede administrativa, que sin necesidad de que se promueva un juicio podamos ayudarte a resolver un asunto”, agregó.
Precisó que, a diferencia de un juicio, donde la resolución depende exclusivamente de un juez, en este esquema son las propias partes quienes concilian la solución del conflicto mediante el diálogo en sesiones guiadas por el personal especializado, lo que permite generar acuerdos con validez jurídica.
Indicó que, en caso de concretarse un acuerdo, este tiene efectos equivalentes a una sentencia para dar certeza a ambas partes y poder dar por concluido el conflicto.
Además, Prats Vidal recalcó que con este modelo se facilita a los ciudadanos una vía más accesible y particularmente centrada en el diálogo con la otra parte para atender los conflictos de manera más ágil y sin necesidad de prolongarlos en un proceso jurisdiccional.
Respecto al proceso, la coordinadora explicó que los ciudadanos pueden solicitar la aplicación del mecanismo mediante un escrito en el que se exponga el conflicto, la autoridad involucrada y la situación que genera la inconformidad, o bien, a través de los formatos disponibles en el micrositio del Tribunal.
Una vez recibida la solicitud, el Centro envía una invitación a las partes para acudir a una sesión inicial, en la que se les explica el procedimiento y se inicia el diálogo. En el caso de que no se logre un acuerdo en la primera reunión, pueden programarse más sesiones dentro de un plazo máximo de tres meses para resolver el conflicto.
“En un juicio no hay diálogo entre la autoridad y los particulares, ahí es el juez quien decide la resolución del conflicto, aquí quienes deciden son ambas partes y, una vez que se inicia el diálogo, pueden llegar a un acuerdo”, mencionó.
Aclaró que si el conflicto ya se encuentra en juicio, este se suspende mientras se desarrolla el mecanismo alternativo para que las partes puedan intentar resolverlo por esta vía antes de continuar con el proceso legal, y en caso de que no se logre resolver en este periodo, se amplía el plazo por tres meses más antes de que se devuelva el caso a la vía jurisdiccional.
BCT
