Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El debate en el Congreso de Michoacán sobre la desincorporación y posible venta de predios e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado generó una fuerte controversia, con algunos legisladores advirtiendo sobre la posibilidad de que estos activos fueran vendidos a precios irrisorios. Ante estas acusaciones, el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, salió al paso para aclarar la situación, asegurando que se trató de una confusión derivada del uso inicial de documentos catastrales y no del precio final de comercialización.
Navarro explicó que el proceso contempla dos tipos de valuación, algo que, según él, es de conocimiento general para quienes han poseído propiedades. Los expedientes iniciales presentados ante el Congreso hacían referencia al avalúo catastral, el cual es utilizado por los ayuntamientos principalmente para la actualización y cobro del impuesto predial, no para transacciones de venta mayores.
El funcionario enfatizó que la intención real del proceso es obtener el mayor beneficio económico posible para el Estado, lo cual se logrará mediante la tasación comercial. "Nadie vende a valor catastral, todos los que vendemos queremos vender a valor comercial", sentenció Navarro, dejando claro que la venta se realizará sobre la base del valor de mercado real de los bienes.
El secretario justificó la decisión de no realizar de inmediato el costoso avalúo comercial, señalando que estos tienen una vigencia limitada y representan un gasto innecesario si la venta no se concreta en el corto plazo. Los avalúos comerciales, que pueden costar miles de pesos por propiedad, se realizarán justo en el momento de la comercialización para asegurar que el precio refleje las condiciones actuales del mercado.
Además, Navarro García aprovechó la ocasión para trazar una línea divisoria con la administración anterior, de Silvano Aureoles Conejo, argumentando que las condiciones fiscales actuales son completamente distintas y justifican la necesidad de generar ingresos extraordinarios. Hizo hincapié en la responsabilidad financiera de su gestión:
"Nosotros no debemos cuatro quincenas al magisterio, como lo debían ellos en ese momento, nosotros no debemos bonos de un año anterior por más de 600 millones de pesos. Son condiciones muy diferentes".
El destino de los recursos obtenidos de estas ventas será invertido en nuevos proyectos de infraestructura, asegurando que no se destinarán a cubrir pasivos heredados, ya que las obras multianuales contratadas por la administración actual se están pagando conforme a lo programado.
Finalmente, Navarro compartió una discrepancia personal con la ley aprobada, en este sentido manifestó su desacuerdo con el candado que obliga a que todos los inmuebles sean enajenados durante la administración actual, pues él hubiera preferido dejar abierta la posibilidad para que la próxima administración pudiera continuar con las ventas de los bienes restantes, dado el constante escrutinio ciudadano sobre el actuar gubernamental.
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