Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la revisión que se hará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias constitucionales que presentaron los municipios de Zitácuaro y Erongarícuaro sobre la Ley Orgánica Municipal, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que es un día trascendental para la entidad y la Suprema Corte puede hacer un acto de conciencia en favor de los derechos humanos de las comunidades indígenas, de Michoacán y de todo el país.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Fórmula Noticias, el mandatario estatal recordó que en Michoacán ya hay 40 consejos comunales con autogobierno, de los cuales 12 lo lograron yéndose a un juicio, litigando su derecho ante el Tribunal Federal Electoral, y 28 lo obtuvieron con una reforma de la Ley Orgánica Municipal de hace tres años.
Refirió que de las 123 comunidades que legalmente pueden tener autogobierno, faltarían como 80, lo cual, dijo, en la Constitución Federal, en su artículo segundo, apartado A y B, se contempla el derecho que tienen las comunidades indígenas a ser consultas para definir si quieren autogobierno y también acceder al presupuesto directo.
Abundó que también en la Constitución de Michoacán y en la Ley Orgánica Municipal de Michoacán y se aplica de manera correcta, las asambleas y consultas, que no las organiza el gobierno, sino el Instituto Electoral de Michoacán, con todo un procedimiento democrático de consulta, de plebiscito, previa e informada.
Señaló que hubo dos municipios que impugnaron constitucionalmente este derecho, “porque no se cuidó la forma y no fueron consultadas las comunidades indígenas cuando se reformó la Ley Orgánica Municipal de Michoacán”.
Por ello, comentó que este día los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a discutir si la Ley Orgánica Municipal, que contempla los autogobiernos y el presupuesto directo, es constitucional o no.
El gobernador de Michoacán apuntó que en caso de que los ministros no voten a favor de la Ley Orgánica municipal, el derecho de las comunidades indígenas seguirá, pero se tendrán que ir nuevamente a un litigio ante el Tribunal Electoral, pero que les dará la razón a las comunidades.
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