Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones de coordinación institucional para la implementación del nuevo tipo penal de extorsión, el Gobierno de Michoacán e instancias de seguridad y justicia presentaron estrategias operativas para combatir y reducir la incidencia delictiva en la entidad.
En mesa de trabajo encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con la participación del coordinador nacional Antisecuestros, Marco Antonio Vargas González, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE) y Poder Judicial expusieron la situación actual de este tipo de incidencia así como los planes operativos y administrativos para atender y fortalecer lo establecido en el Código Penal en materia de extorsión.
El gobernador destacó que al tener una herramienta legal para procurar y administrar la justicia contra este delito, se tienen las condiciones para perseguir por oficio la extorsión desde la simple amenaza, llevar la denuncia, investigación y procedimientos hasta la etapa de juicio y aplicar las sanciones a quienes lo cometan.
Agregó que ello permitirá sumar la experiencia de Michoacán para ponerla en la agenda nacional del combate al delito de extorsión y a su vez, encauzar e impulsar la Ley General Antiextorsión.
El coordinador nacional Antisecuestro compartió que desde la Conase se tienen los mecanismos para acompañar a Michoacán en este proceso con la habilitación de unidades antiextorsión, la ampliación del banco de voz y datos de los sistemas penitenciarios de la región Centro Occidente, manejo de crisis y áreas de inteligencia del C5, coordinación con las fiscalías y vinculación con el sector empresarial.
Lo anterior luego de que la SSP, la FGE y el Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán presentaran agendas y lineamientos para identificar, atender y dar seguimiento a las acciones contra la extorsión a través de la investigación de campo, de las capacidades institucionales y tecnológicas, apoyo del estado de fuerza, convenios de colaboración con sistemas penitenciarios, capacitación y profesionalización de servidores públicos, implementación del sistema de protección a testigos y víctimas, entre otros.
RPO
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