Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El asesinato del activista ambiental Roberto Chávez no fue un hecho aislado ni fortuito. Fue, en palabras de quienes defienden los bosques en Michoacán, "un crimen anunciado". Pese a las alertas inminentes enviadas a la Fiscalía General del Estado (FGE) apenas horas antes del ataque, el gobierno optó por la parálisis, dejando a los defensores a merced de una célula delictiva que opera con absoluta impunidad.
Para Julio Santoyo, periodista y activista de la región de Madero, la tragedia es el resultado de una "negligencia institucional" sistemática. El grupo criminal, plenamente identificado por los pobladores, no solo patrulla las calles de la localidad de El Zangarro con "cinismo" y "prepotencia", sino que lo hace bajo la presunta protección de las autoridades locales.
La colusión entre el poder político y el crimen organizado en el municipio es una denuncia abierta desde hace años. "El gobierno municipal, la policía municipal, prácticamente entregó ese día a los compañeros para que los asesinaran", afirma Santoyo, recordando el ataque que sufrieron el 6 de noviembre de 2025 los integrantes del Comité Ecológico del Consejo Promotor de Área Natural Protegida del municipio de Madero: Javier Gómez y Guillermo Saucedo. Según el activista, el propio alcalde habría admitido su incapacidad de mando, señalando que la policía local simplemente no atiende a sus órdenes.
La violencia en Madero ha escalado tras lo que consideró el fracaso del "Plan Michoacán por la Seguridad y la Paz", al menos en ese municipio. Aunque hubo presencia militar temporal, Santoyo explica que los criminales solo se replegaron a la sierra para volver con más fuerza. "Tan pronto como el ejército y la fiscalía se fueron, inmediatamente regresaron y retomaron, pero ahora con más fuerza el territorio".
Esta nueva ofensiva criminal incluye una alianza estratégica con el grupo denominado "Sierra 1", que anteriormente asolaba el oriente del municipio. Esta unión ha trasladado tácticas de terror —como el desplazamiento forzado de comunidades enteras, desapariciones y el uso de fosas clandestinas— hacia el centro de Madero, cercando a los ambientalistas.
La desesperación ha llevado a los pobladores a contemplar la autodefensa armada como último recurso ante la ausencia de un Estado protector, aunque reconoce que en ningún momento se ha planteado esta opción de manera formal, sino más bien como un grito desesperado ante la falta de apoyo institucional. "¿Qué quieren? ¿Que nosotros vayamos y pongamos el pecho a los criminales para que terminen de aniquilarnos?", cuestiona Santoyo, al reconocer que es una batalla desigual frente al poder de fuego de los criminales: fusiles AR-15, AK-47 y hasta explosivos caseros.
Incluso advierte que los mecanismos federales de protección resultan simbólicos frente al poder de fuego de los sicarios. Con tres activistas bajo el esquema de protección, la realidad es que un "botón de pánico" no detiene una emboscada. "Mientras tocas el botón tú ya estás muerto", sentencia el ambientalista, exigiendo una revisión profunda de estos sistemas de seguridad que hoy son "insuficientes".
La comunidad demanda hoy justicia real y seguridad permanente en localidades clave como El Capulín, El Zangarro y El Terrenate. Sin una intervención que desarticule la complicidad oficial, el bosque de Madero seguirá siendo un cementerio para quienes se atreven a defenderlo, mientras los verdugos "se siguen paseando" frente a los ojos de la autoridad.
1. Impunidad
Las denuncias interpuestas por los ambientalistas revelan un patrón de omisión por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.
a) Denuncias "congeladas": A pesar de los ataques documentados desde noviembre de 2025 contra miembros del Consejo Promotor, las carpetas de investigación no han arrojado ni un solo detenido.
b) Identificación de los agresores: Los activistas han proporcionado nombres, domicilios y rutas de patrullaje de la célula criminal que opera en El Zangarro, pero la Fiscalía alega falta de "elementos suficientes" para actuar.
c) Información sobre fosas: Recientemente, los defensores entregaron a la Fiscalía coordenadas sobre una fosa clandestina utilizada por el grupo criminal para depositar a personas desaparecidas en la zona.
d) El caso de Roberto Chávez: El asesinato de Roberto Chávez (12 de abril de 2026) ocurrió justo cuando él se disponía a formalizar una nueva denuncia ante la Fiscalía por amenazas de muerte previas.
2. Desplazamiento forzado: comunidades fantasma y despojo
El impacto del terror impuesto por el grupo "Sierra 1" y sus aliados ha transformado la geografía social de la región:
a) Sierra del Capulín: Esta comunidad es el ejemplo más drástico; prácticamente no queda población en pie debido a que los habitantes fueron expulsados y sus propiedades tomadas por la delincuencia. El problema afecta a zonas limítrofes entre Morelia, Madero, Tzitzio y Acuitzio del Canje, específicamente en la sierra del Capulín, Balcones y Los Ahijaderos.
b) Negacionismo estatal: En mayo de 2025, el entonces secretario de Gobierno de Michoacán y actual titular de la FGE, Carlos Torres Piña, negó tener reportes de familias desplazadas en Villa Madero. Sin embargo, en 2026, grupos de víctimas se han manifestado en Morelia denunciando que al menos 68 personas de la zona serrana entre Morelia y Villa Madero han huido tras ser extorsionadas o forzadas a trabajar para el narco.
c) Causas del éxodo: No solo es la violencia directa; los criminales han tomado el control de los manantiales para la producción de droga, dejando sin agua al ganado, lo que destruye el sustento económico de las familias y las obliga a abandonar sus hogares.
d) Ultimátum: Ante este abandono, 10 comunidades de Villa Madero han lanzado un ultimátum al gobierno estatal (14 de abril de 2026): tienen 15 días para garantizar seguridad o los pobladores tomarán las armas para defender lo que queda de sus pueblos.
RPO
