Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un total de 23 carpetas judicializadas, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha detectado más de 100 millones de pesos como estimado a daño patrimonial del estado que se arrastra desde administraciones anteriores en diversas carpetas, informó la titular, Marisol Sánchez Zamudio.
Indicó que, de estas carpetas judicializadas, 11 son por actos de corrupción. Asimismo, refirió que los acusados se presumen serían funcionarios de primer nivel, es decir, secretarios de anteriores administraciones, pero no gobernadores, debido a que no hay denuncia alguna contra ellos.
"Tenemos muchas carpetas, de mucha cuantía de dinero. Tenemos carpetas de hasta más de 100 millones de pesos como estimado a daño patrimonial", subrayó.
Hoy, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene un total de 135 carpetas abiertas. Las 112 que están en investigación tienen a más de 140 funcionarios y/o personas servidoras públicas de todos los niveles del estado, incluyendo a expresidentes municipales, síndicos, receptores de rentas, entre otros.
"Se daña el patrimonio de las instituciones públicas, pero también se daña a la sociedad en general, porque se dice cuando un recurso no llega adecuadamente a su destino, pues también se violentan los derechos de las personas", agregó, al precisar que los delitos más recurrentes son peculado, cohecho, uso ilícito de atribuciones y funciones, incluyendo ejercicio indebido.
De las carpetas judicializadas, dejó en claro que todo versa sobre el mal manejo de los recursos financieros, por lo que pidió al Poder Judicial de Michoacán que se conduzca lo más acorde a las leyes. "Esperemos que los jueces y magistrados tengan un sentido de responsabilidad al determinar las resoluciones".
En Michoacán ha habido casos donde un exsecretario de Finanzas y Administración está inhabilitado; otros más se encuentran detenidos o, en su caso, como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, prófugos.
Sánchez Zamudio recordó el último caso más reciente relacionado al Colegio de Bachilleres de Michoacán (Cobaem) y, como este, aseguró que seguirán más.
El exdirector general del Cobaem, Gaspar "N", fue procesado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, lo que causó daño patrimonial por 107 millones 747 mil pesos, aunque las irregularidades cometidas podrían alcanzar los mil 309 millones de pesos. Él fue funcionario cercano al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que, de acuerdo con datos de prueba, entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020, omitió depositar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el ISR retenido a las y los trabajadores.
Otro caso relacionado a Silvano Aureoles Conejo fue la detención de cuatro exfuncionarios acusados de peculado y otros delitos del fuero federal y estatal.
En marzo pasado, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) capturó al exsecretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza; al exdelegado administrativo de la misma dependencia, Mario Delgado Murillo; la exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Elizabeth Villegas Pineda; y el exsecretario de Seguridad Pública, J. Antonio Bernal Bustamante.
Carlos Maldonado Mendoza fracasó en su intento de enfrentar el proceso penal en libertad; se le acusa de participar en la red de corrupción en el presunto desvío de más de tres mil millones de pesos que estaban destinados a construir cuarteles de policía en Michoacán.
Por este caso, hay cuatro prófugos: el exmandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo; los exsecretarios de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona Martínez; y el exdirector general del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez.
Otro caso sonado en 2019 fue el de Miguel López Miranda, quien ocupó el cargo de secretario de Finanzas y Administración durante la administración de Salvador Jara Guerrero; fue inhabilitado por ocho años, además de una sanción económica por 572 millones 015 mil pesos por negligencia administrativa y violación a leyes y normatividad presupuestal. La sanción fue emitida por la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem) y el periodo de inhabilitación es del 26 de noviembre de 2019 al 28 de noviembre de 2027.
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