Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene registro de 128 delitos por extorsión, cifra que representa un importante incremento en comparación al 2022, año que hubo registró de 65 delitos de este tipo.
Morelia, Uruapan y Zitácuaro son las Fiscalías Regionales que registran mayor incidencia. En la Fiscalía Morelia (región Centro), a la fecha se tienen 79 delitos, mientras que la Fiscalía Regional Uruapan registra 31 y Zitácuaro (Oriente) 8. Le siguen la Fiscalía de Zamora (Bajío) con 5, La Piedad (Lerma - Chapala) con 3 y Apatzingán (Tierra Caliente) con 2.
Los municipios en donde se registró este tipo de delito fueron: Morelia (65), Uruapan (25), Pátzcuaro (5); Hidalgo, Salvador Escalante y Zamora con 3 delitos cada uno; mientras que Apatzingán, Madero, Puruándiro, Tarímbaro, Tuxpan y Zitácuaro registraron 2 casos, respectivamente. Acuitzio, Ario de Rosales, Cherán, Cuitzeo, Jacona, Paracho, Penjamillo, Tacámbaro, Taretan, Tlalpujahua, Turicato y Zacapu registraron un caso, respectivamente.
Lo anterior, de acuerdo al Reporte de Incidencia Delictiva Estatal de la FGE, el cual señala que el municipio de Madero tiene la tasa de incidencia más alta por cada 100 mil habitantes (10.40), le siguen Acuitzio (8.37), Morelia (8.09), Tuxpan (7.07), Uruapan (7), Taretan (6.75), Salvador Escalante (5.72), Penjamillo (5.61), Pátzcuaro (5.12), Cherán (4.83), Tlalpujahua (3.30), Cuitzeo (3.27) y Turicato (3.02), entre otros.
Mientras que los municipios con la tasa más baja son Zitácuaro (1.13), Tacámbaro (1.24), Zacapu (1.29), Jacona (1.44), Zamora (1.47), Apatzingán (1.48) y Tarímbaro (1.87).
Cabe recordar que en marzo pasado entró en vigor una reforma al Código Penal del Estado de Michoacán que establece hasta 25 años de prisión y multas equivalentes a 500 días como castigo al delito de extorsión.
Además de que este delito ya se sigue de oficio y se equipara con los delitos de secuestro y amenazas. Este delito se agrava cuando la extorsión la ejerce algún ex servidor público de cualquier corporación de seguridad en contra de menores, adultos mayores o mujeres embarazadas.
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