Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), obtuvo -mediante procedimiento abreviado-sentencia condenatoria de 11 años de prisión y el pago de la reparación del daño en contra de Roberto Antonio “N”, al acreditar su responsabilidad en el delito de extorsión, cometido en agravio de un comerciante, en el municipio de Pátzcuaro.
El 28 de junio de 2023, al finalizar sus labores, la víctima regresó a su casa ubicada en el referido municipio y encontró una nota de supuestos miembros del crimen organizado, en la que exigieron una importante cantidad de dinero a cambio de no hacerle a daño a él y a su familia.
Al hacer caso omiso de dicho anuncio, el 1 de julio de ese mismo año, el comerciante recibió otra advertencia, en la que le exigieron una segunda cantidad económica que tendría que ser pagada a la medianoche, de lo contrario, llevarían a cabo las acciones para dañarlos.
Por lo anterior, el ofendido presentó la denuncia respectiva ante la UECS, que de inmediato emprendió trabajos de inteligencia e investigación de campo, y durante una acción operativa en la colonia San Lázaro De Vasco de Quiroga, en ese municipio, Roberto Antonio “N” y René "N", fueron detenidos en flagrancia, mientras realizaban el cobro de la extorsión; en su momento, ambos fueron presentados ante el Juez de Control, quien los vinculó a proceso.
Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar a Roberto Antonio “N” a 11 años de prisión, así como el pago por concepto de reparación del daño, por su responsabilidad en el delito de extorsión.
Por lo que corresponde a René "N", será mediante Juicio Oral, como se determine su sentencia.
El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso, que consiste en el reconocimiento del imputado en su participación en el hecho delictivo y como consecuencia, se valora la pertenencia de reducir, en un margen acotado, la sanción que se impondrá.
La FGE refrenda su compromiso de mantener acciones para que ningún hecho que atente contra la seguridad y el patrimonio de las personas, no quede impune.
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