Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes se enviará al Congreso del Estado la propuesta del Programa de Estabilización Fiscal para su aprobación y en el que se incluye "Borrón y Cuenta Nueva" y el trámite de licencias permanente para conducir, así como licencias digitales, anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que son alrededor de 200 mil vehículos particulares de los que sus dueños no han hecho trámites de ningún tipo desde 2012 hasta 2021; en la misma situación hay 30 mil concesionarios del transporte público con adeudos, por lo que el programa de "Borrón y Cuenta Nueva" se aplicaría del 15 de noviembre al 17 de diciembre.
Bedolla abundó que el programa incluye la baja de vehículos, además de que hay un universo de 120 mil automóviles que sus dueños no han pagado hologramas ni han realizado el canje de placas del 2012 y 2016, hasta 2021.
Por ello, dijo que si el 60 por ciento de los dueños de vehículos con adeudo hacen el trámite se tendría una recaudación de más de 436 millones de pesos, pero si sólo lo hace el 40% se reunirían cerca de 300 millones de pesos.
El titular del Poder Ejecutivo estatal informó que también se enviará la iniciativa para que la ciudadanía pueda tramitar la licencia permanente y licencia digital, lo que implica una reforma a la Ley de Tránsito para establecer su existencia, que esté en la Ley de Ingresos y se pueda solicitar todo el año.
El gobernador puntualizó que inicialmente la licencia permanente se podrá solicitar del 15 al 17 de noviembre.
De este trámite, refirió que en el 2020 durante los 13 días que aplicó se tuvo un ingreso de 50 millones 660 mil pesos y en los 15 días que se replicó en 2021 fueron ingresos por 46 millones 194 mil pesos.
Además, Ramírez Bedolla recordó que el Programa de Estabilización Fiscal se propuso ante el déficit presupuestal de aproximadamente 12 mil y 14 mil millones de pesos para el cierre del año, principal motivo por el que se busca aumentar los ingresos y tener capacidad presupuestal para cumplir los compromisos de nómina de todo el gobierno del estado, no sólo del magisterio.
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