Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un juicio oral desarrollado en Uruapan por el delito de secuestro agravado, un juez de oralidad penal emitió sentencia condenatoria a cuatro personas: dos agentes de la policía, Néstor Joel A. y Omar L., a quienes les impuso una pena de 80 años de prisión y una multa equivalente a $981,370.00 pesos; a Héctor Z. y Abimael Zare M. les impuso 75 años de prisión y multa equivalente a $454,449.80 pesos.
Se les condenó, además, al pago de la reparación del daño y se les suspendieron sus derechos políticos por el tiempo que dure la pena de prisión, por hechos ocurridos en 2017, cuando la víctima circulaba sobre la calle Galeana y fue interceptada por los acusados, quienes lo mantuvieron en cautiverio en un domicilio de seguridad durante 10 días, tiempo en el que fue víctima de violencia física y psicológica. Los acusados exigieron la cantidad de 10 millones de pesos a cambio de su libertad, siendo liberada por agentes de investigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro cuando los acusados circulaban a bordo de una camioneta, localizando a la víctima en la cajuela y procediendo al aseguramiento de los acusados.
En otro caso en Uruapan, se sentenció a Gustavo S., Luis Miguel B., Jesús Alejandro T., Luis Pablo H., Germán B. y Christian V., por el secuestro agravado de Miguel O., imponiéndoles 60 años de prisión, multa equivalente a $422,450.00, pago de la reparación del daño, y suspensión de sus derechos civiles y políticos, por hechos ocurridos en noviembre de 2019 en la colonia El Papayo, de Ziracuaretiro. La víctima se encontraba en su domicilio con sus dos hijos cuando al lugar ingresaron los sentenciados con armas de fuego, lo amenazaron y lo subieron a una camioneta, despojando a los hijos de sus teléfonos celulares y amenazándolos con que, si denunciaban, regresarían por ellos. Al día siguiente, solicitaron la cantidad de $200,000.00 a cambio de la libertad, misma que fue entregada en el cerro conocido como El Pobrero, desconociéndose hasta la fecha el paradero de la víctima.
En Zamora, un juez sentenció a Pablo C. por el secuestro exprés agravado y extorsión de Rafael B., imponiéndole la pena de 50 años de prisión, multa por $434,208.00 pesos y el pago de la reparación del daño de manera genérica en favor de la víctima, así como la suspensión de derechos y negándose los beneficios en favor del sentenciado.
La sentencia se da por hechos de 2024, cuando la víctima se desempeñaba como taxista y circulaba en las calles de la colonia Valencia. El sentenciado abordó la unidad junto con un menor adolescente y, al avanzar, le exigieron $20,000.00 pesos, le quitaron el celular y lo hicieron conducir hasta su domicilio para conseguir el dinero. Después de circular por diferentes calles y llegar a otro domicilio, un familiar de la víctima forcejeó con el imputado, momento en que fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
En la región de Lázaro Cárdenas, un juez de enjuiciamiento penal dictó sentencia condenatoria contra Arnulfo V., imponiéndole 30 años de prisión, suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como el pago de la reparación del daño de manera genérica a favor de la víctima, mismo que será cuantificado en la etapa de ejecución de sanciones penales, por el delito de violación equiparada ocurrido en diversos momentos de 2021, cuando el investigado ingresó por la fuerza al domicilio de la menor víctima.
En Zitácuaro, una jueza vinculó a proceso a Guadalupe G. por incumplimiento de obligación alimentaria, en perjuicio de dos menores de edad. No se le impuso medida cautelar y se decretaron dos meses para la investigación complementaria, por hechos suscitados en Huetamo. El antecedente es que la vinculada vivió en unión libre por 10 años con Eli R., y producto de la relación procreó dos hijos. Al separarse la pareja, el señor Eli demandó a la imputada, entre otras prestaciones, el pago de alimentos a favor de sus menores hijos ante el juez mixto de Huetamo, por lo que como pago provisional de alimentos se fijó la cantidad de $8,961.48 pesos mensuales, sin que hasta el momento haya cumplido de manera total con dicha obligación alimentaria, pues únicamente ha realizado diversos depósitos de manera parcial, adeudando hasta el mes de diciembre de 2024 la cantidad de $65,206.82.
En Morelia se vinculó a proceso a Bryan J. y Christopher Alejandro A. por el homicidio calificado de un hombre, ocurrido el pasado 6 de julio, cuando la víctima se encontraba en la colonia Industrial en compañía de los imputados y una persona del sexo femenino. Se les imputa que, tras una discusión, lo lesionaron y ocasionaron la muerte utilizando armas blancas, lo desmembraron y abandonaron el cuerpo dentro de dos mochilas deportivas en terrenos baldíos en la colonia Obrera y colonia Industrial.
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