Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto que contiene las reformas a la Constitución del estado, anunciadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, son el resultado de un profundo análisis de las propuestas presentadas por la ciudadanía a través de foros regionales y medios digitales, tienen el objetivo de "profundizar" y garantizar derechos humanos, sociales y políticos de las y los michoacanos, dijo César Augusto Ocegueda Robledo, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno.
Reconoció que se trata de reformas que impactarán los derechos humanos y en la organización y estructuras orgánicas de instituciones autónomas y poderes del Estado y por ello se han mantenido en estrecha colaboración con los titulares de los mismos; Se trata de un “ejercicio plural” y respetuoso que pretende profundizar en los derechos de las y los michoacanos y por ello cuentan con el respaldo ciudadano.
"El gobernador hizo un planteamiento muy interesante que va más allá de simplemente presentar iniciativas al Poder Legislativo sino que profundiza mucho en los derechos de las y los michoacanos, profundiza también en ampliar estos derechos y sobre todo en darle contenido a los programas que ha impulsado el Gobierno federal […] uno de los ejes importantes del Plan Morelos es justamente la democracia participativa, es decir, los esquemas de participación para poder transversalizar todas las decisiones públicas del Ejecutivo, del Legislativo, en esta caso también del Poder Judicial, de las fiscalías y para eso se realizó una amplia consulta a lo largo y ancho del territorio michoacano […]", dijo.
UMSNH
La reforma contempla que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tenga garantizado un porcentaje fijo del Presupuesto de Egresos del estado y con ello contribuir al fortalecimiento y la autonomía financiera de la institución para garantizar que los recursos que recibe no dependan de vaivenes económicos o políticos, dijo. Por el momento no se ha determinado cuál sería ese porcentaje, pero rondaría el 5 por ciento.
"Al día de hoy, el presupuesto ronda entre el 3, 3.5 por ciento del presupuesto estatal que ejerce la Universidad Michoacana; obviamente tenemos que ser muy responsables y estamos haciendo los estudios con la Universidad Michoacana, sus necesidades, sus proyectos y también con la Secretaría de Administración y Finanzas que le permita a la Universidad Michoacana, cumplir su misión; andamos por el orden del 5 por ciento, estamos viendo un poquito más, pero siempre de manera muy objetiva, de manera muy real y tangible y acorde a las necesidades de nuestra máxima casa de estudios", aseveró.
Otra de las reformas, contempla democratizar la elección de las y los rectores de la Universidad para que sean los miembros de la comunidad universitaria y no solo un grupo de notables, es decir, los integrantes de la Comisión de Rectoría -creada en 1986 e integrada por un reducido grupo de ex rectores y un profesor decano- los que tengan esta atribución; explicó que todavía se encuentra en análisis cuál sería el modelo de elección más adecuado para la institución que garantice una participación amplia de todos los sectores que la integran: estudiantes, trabajadores y profesores.
"Nosotros somos muy respetuosos, como gobierno, de las decisiones, del sentir y de l as libertades de la Universidad; nunca es el propósito inmiscuirnos en la vida interna, nada de eso; de lo que se trata es de establecer reglas claras de participación, reglas claras de igualdad en estos esquemas de participación para que cualquier aspirante a rector o rectora, a director o directora, o a algún cargo dentro de la estructura de la Universidad tenga la oportunidad de competir y por sus méritos, llegar a esos cargos; no es inmiscuirnos, solo es dejar reglas claras para que la participación pueda ser abierta y participativa [...]", apuntó.
Poder Judicial y FGE
El funcionario explicó que el objetivo central es mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia el estado, lo que implicaría reformas tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado; Aclaró que, a diferencia del proyecto federal, que contempla la elección de jueces, magistrados y ministros en dos fases -un proceso extraordinario en 2025 y la segunda etapa en 2027-, para Michoacán se pretende un modelo distinto.
De entrada, comentó, la reforma se elaboraría en coordinación con mismo Poder Judicial para garantizar que la transición sea tersa y no genere ningún problema; aclaró que no existe, a diferencia de la iniciativa federal, un plazo específico para llevar a cabo los comicios porque aún no se determina con detalle cómo se llevaría a cabo este proceso; una de las propuestas sería que conforme los jueces y magistrados vayan concluyendo los periodos para los cuales fueron designados, se realice el proceso de elección, pero eso podría suponer un problema para la organización de los procesos electivos.
"Con ánimo propositivo, nosotros estamos buscando, y queremos hacerlo de la mano conjueces y magistrados, con el Poder Judicial, buscando las mejores alternativas; lo que mejor le funcione a las michoacanas y los michoacanos es lo que nosotros plantearemos en una iniciativa de reforma al constituyente del estado, en este caso, al Poder Legislativo y ayuntamientos para que sea discutido ampliamente, debatido, con ánimo perceptivo, propositivo, para poder integrar todas las inquietudes, sobre todo las más valiosas, las de los propios jueces y magistrados, para que con su experiencia tendrían mucho que aportarle a la iniciativa", dijo.
Tampoco está claro, dijo, los detalles de la organización para la elección de los jueces y magistrados porque supondría la elaboración de un mapa electoral judicial solo por mencionar los aspectos más básicos; uno de los temas que sí tienen claro es que la reforma no contempla la renovación de órganos especializados como el Tribunal Electoral o el Tribunal de Justicia Administrativa, al menos por el momento
En cuanto a la reforma a la Fiscalía General del Estado, explicó que hasta el momento no se tiene contemplado que el o la titular de esta institución sea electo mediante el voto popular, aunque no está descartada esa posibilidad, incluso de otros espacios como las fiscalías regionales o los ministerios públicos.
Al ser cuestionado si las reformas alcanzarán a órganos autónomos o colegiados, comentó que en esta primera etapa de reformas no se tiene contemplado la desaparición del Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) o el Sistema Estatal Anticorrupción, "aunque ha demostrado que no sirven de nada".
Despenalización del aborto
La reforma constitucional orientada al reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, derivaría en la reforma al Código Penal para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y a la ley de Salud para garantizar que tengan una atención digna.
También se anunciaron iniciativas de reforma para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y asegurar "el financiamiento y la permanencia de sistemas tecnológicos como el Guardián Forestal que ayudan a combatir la deforestación y otros delitos que han hecho perder los bosques". También se contempla elevar a rango constitucional los programas sociales para garantizar su continuidad y efectividad y el derecho de las comunidades indígenas a autogobernarse.
Confió que en seis meses aproximadamente estén aprobadas las reformas constitucionales y las leyes secundarias para que las y los michoacanos puedan gozar de estos nuevos derechos.
rmr
