Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, lejos de pacificar el país, ha sumergido a México y Michoacán en un escenario de incertidumbre y el inicio de una violenta etapa de reacomodos internos y disputas territoriales cuya magnitud es aún impredecible, advierte Julio César Franco, coordinador del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, quien anticipa un periodo crítico para la seguridad regional.
En entrevista para el programa radiofónico En Contexto, abriendo la conversación, Franco sostiene que Michoacán debe analizarse “dentro de un complejo mucho más amplio que no solo es nacional sino también mundial”. El estado, dice, se convirtió en “laboratorio de políticas securitistas” durante los últimos 25 años, sin que los resultados estén a la altura de la expectativa ciudadana: “Las distintas políticas han presentado enfoques parciales y no integrales”.
Además, advierte que el panorama se complica ante la creciente presión de Washington. La reciente clasificación de los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas" y del fentanilo como "arma de destrucción masiva" por parte del gobierno estadounidense ha tensado la relación bilateral al máximo. No obstante, Julio César Franco es tajante en su postura: “El Estado mexicano mantiene la capacidad de enfrentar estos desafíos de manera autónoma y soberana”. Si bien el especialista reconoce la existencia de colaboración extranjera en las labores de inteligencia, enfatiza que la ejecución final fue estrictamente nacional: “fue el Ejército mexicano el que realizó la operación”.
Para el especialista, la discusión no debe reducirse únicamente a quién ocupará el cargo de Oseguera Cervantes; el verdadero desafío radica en desmantelar una "red de macrocriminalidad" profundamente enraizada en el país. Esta estructura va mucho más allá de simples sicarios y traficantes de drogas, ya que involucra a sectores empresariales y actores políticos de primer nivel. "Ese triunvirato es lo que realmente se tiene que desmantelar", insiste Franco, subrayando que la caída del narcotraficante es apenas una pieza en un engranaje de corrupción y finanzas ilícitas mucho mayor.
A juicio del especialista, la política de "descabezar" organizaciones criminales ha demostrado ser insuficiente y contraproducente. “Sabemos que cuando cortas una cabeza salen dos o más”, sostiene Franco. El rápido crecimiento del CJNG —con operaciones documentadas en los 50 estados de la Unión Americana y presencia en más de 60 países— resulta inexplicable sin una sólida red transnacional de complicidades. “Un despliegue de esta magnitud no es posible sin vínculos de protección y redes de impunidad que trascienden fronteras”, insiste el consejero del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, subrayando que el desafío es sistémico y no solo operativo.
Al ser cuestionado sobre cómo se encuentra la región tras los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero, el especialista opina que las comunidades se encuentran en una “tensa calma”. Para explicar cómo se viven las jornadas violentas en estos lugares, recuerda la expresión del obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García: la población repliega su vida 24 o 48 horas y luego la retoma y cuestiona: “¿A qué normalidad nos hemos acostumbrado?”.
Franco también advierte sobre la dependencia excesiva de las Fuerzas Armadas: “No podemos seguir dependiendo del ejército como principal fuerza contra la acción criminal”. La transformación pendiente, afirma, es la de las policías locales: “Depurarlas, reestructurarlas y orientarlas a un modelo de proximidad y justicia cívica”. Desaparecer corporaciones infiltradas no es la solución; recuperarlas sí lo es.
Y para exponer sus dichos, recuerda que, en la región de Tierra Caliente, el llamado mando único implementado desde 2015 —operado en los hechos desde la 43 Zona Militar— no ha resuelto los problemas de gobernabilidad. Más del 90% de los delitos son del fuero común, recuerda Franco, y requieren instituciones civiles sólidas que deben atenderlos antes de que escalen a conflictos mayores. “Una policía orientada a la resolución de problemas cotidianos es lo que necesitamos para desactivar los ciclos de violencia”, explica.
El caso de grupos locales como “Los Blancos de Troya”, alineados bajo el esquema “franquiciatario” del CJNG, confirma la complejidad del fenómeno. “El mecanismo más efectivo ha sido cooptar pequeños grupos como franquicias”, detalla. La detención de líderes no ha significado el fin de la extorsión en el valle citrícola. “No podemos caer en el triunfalismo”, advierte.
Este año, además, se cumplen dos décadas del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, puesta en marcha en diciembre de 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón con el Operativo Conjunto Michoacán. “Tenemos que hacer un recuento de los daños y de los aprendizajes”, propone Franco. Porque si algo ha dejado este cuarto de siglo es una lección incómoda: la caída de un líder criminal puede generar bonos políticos inmediatos, pero, sin desmantelar las redes que lo sostienen, la violencia solo cambia de rostro.
RPO
