Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia financiera de Michoacán revela que, en un lapso de 23 años, la deuda pública del estado experimentó un crecimiento de 9,782%. Este incremento exponencial, que pasó de 213 millones de pesos en el año 2000 a rebasar los 21 mil millones para 2016, ha generado una carga financiera insostenible que compromete el desarrollo presente y futuro de la entidad. En 2024, la deuda absoluta del estado fue de 21 mil 460 millones de pesos.
Este crecimiento desmedido contrasta fuertemente con la evolución del endeudamiento a nivel nacional, donde se observó un comportamiento más moderado y estable. En Michoacán, sin embargo, el uso recurrente del endeudamiento de largo plazo se convirtió en un mecanismo ordinario de financiamiento del gasto público, en lugar de ser una herramienta excepcional para la inversión estratégica y el desarrollo sostenible. La consecuencia directa ha sido un aumento per cápita drástico, pasando de 27.02 pesos por habitante en 1993 a 4 mil 363.59 pesos en 2024.
Frente a este escenario, el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca restringir significativamente la contratación de deuda a largo plazo. Esta medida tiene como objetivo primordial prohibir que los gobiernos estatales contraigan deudas que trasciendan su propio periodo constitucional.
Al comparar la situación de Michoacán con otros estados de la República, se observa que la deuda pública sigue siendo un reto a nivel subnacional. Si bien Nuevo León se ha posicionado como el estado más endeudado en términos absolutos y per cápita, con deudas que superan los 100 mil millones de pesos y una carga de más de 16 mil pesos por habitante, Michoacán también enfrenta desafíos considerables. Estados como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Chihuahua también concentran una parte importante de la deuda total del país, lo que evidencia la necesidad de marcos regulatorios más estrictos a nivel general.
La iniciativa pretende adicionar tres párrafos al artículo 44 de la Constitución michoacana, para otorgar al Congreso la facultad de autorizar la contratación de deuda pública a corto plazo, pero no a largo plazo, bajo los principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia. En este sentido, la propuesta especifica lo siguiente:
Es importante señalar que, si bien la iniciativa de Alfredo Ramírez Bedolla se centra en restringir la deuda a largo plazo, la gestión estatal también ha implicado la contratación de deuda a corto plazo. Durante la administración bedollista se han contratado cinco deudas de este tipo que, aunque no comprometen a generaciones futuras de la misma manera, sí requieren una gestión financiera cuidadosa y transparente. En total, la actual administración ha comprometido 13 mil 759.3 millones de pesos adicionales.
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