Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la noticia de la captura de César Alejandro N., alias “El Botox”, señalado como el autor intelectual y material del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los citricultores en Michoacán, Amelí Gissel Navarro Lepe, viuda de la víctima y magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), recibió el reporte con cautela, subrayando que la aprehensión del cabecilla es solo una pieza en el complejo rompecabezas de la impunidad que azota a la entidad.
Navarro Lepe fue contundente al evaluar el avance en el caso:
“Es un paso, porque la justicia aún no la hemos alcanzado”, declaró, al tiempo que reconoció que la justicia integral no concluye con una detención mediática, sino con el desmantelamiento de las estructuras de extorsión que, durante años, han asfixiado a los productores de limón en el Valle de Apatzingán y que finalmente cobraron la vida de su esposo.
Bravo se había convertido en una figura incómoda para el crimen organizado al denunciar públicamente que los productores debían pagar cuotas ilegales por cada kilo de limón, lo que representaba un alto porcentaje de su ingreso.
Amelí Navarro fue enfática en que la línea de investigación debe centrarse en el activismo de su esposo como defensor de los derechos económicos de los productores. La magistrada señaló que el Estado tiene el deber constitucional de proteger a quienes defienden derechos, y que defenderlos desde la sociedad civil no debe ser un riesgo.
Ante medios de comunicación locales, Navarro Lepe hizo un reconocimiento a las autoridades por haber ejercido su labor; no obstante, enfatizó que este es solo un avance, pues la justicia integral que exige para Bernardo incluye el derecho a la verdad, a la memoria, a garantías de no repetición y a medidas estructurales que cambien el entorno de riesgo en la región.
La viuda concluyó instando al seguimiento de las acciones correspondientes con la debida diligencia para obtener esa justicia integral. Su compromiso es mantenerse vigilante de cada etapa del proceso judicial para asegurar que el legado de Bernardo Bravo se traduzca en seguridad y legalidad para todos los productores michoacanos.
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