Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, el desplazamiento forzado interno permanece en la opacidad institucional; sin estadísticas oficiales ni registros formales que permitan dimensionar la magnitud del problema, ha conllevado a que tampoco este fenómeno esté tipificado como delito por el daño a las víctimas que genera.
De acuerdo con el Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, esta ausencia normativa ha sido señalada tanto por organismos nacionales como internacionales, entre ellos la relatora de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos de las personas desplazadas, Cecilia Jiménez-Damary, quien, tras su visita oficial a México en septiembre de 2022, advirtió la necesidad de una Ley Nacional en la materia.
En su informe, dijo, planteó la urgencia de crear un registro nacional de personas desplazadas, así como establecer mecanismos para la restitución de derechos y la tipificación penal del desplazamiento forzado, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Esta omisión, resaltó, explica por qué no existen cifras oficiales comparables con otros delitos, dejando a las víctimas fuera de las políticas públicas y sin reconocimiento institucional.
A nivel estatal, Michoacán cuenta con un Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado; sin embargo, el Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán advirtió que su operación corre el riesgo de convertirse en una simulación.
"Dentro de este comité se elaboró una iniciativa de ley para atender integralmente el desplazamiento interno, pero desde octubre de 2023 permanece detenida en la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal y no ha sido enviada al Congreso, pese al cambio de legislatura", puntualizó.
La falta de un marco legal impide establecer criterios claros para el registro y atención de las víctimas, lo que, según el observatorio, deja en la invisibilidad a los grupos más vulnerables, especialmente niñas, niños y adolescentes.
Ante esta ausencia institucional, el seguimiento del fenómeno recae en esfuerzos periodísticos y de organizaciones en territorio, que documentan los eventos de desplazamiento.
En la relatoría del Observatorio, Michoacán ha enfrentado al menos tres grandes oleadas de desplazamiento forzado en las últimas décadas. La primera ocurrió a inicios de siglo con la irrupción de grupos criminales como Los Zetas, sin registros formales.
La segunda se dio en el contexto del surgimiento de las autodefensas entre 2013 y 2015, periodo marcado por conflictos armados y desplazamientos masivos, es decir, por el movimiento de las autodefensas.
La tercera y más reciente inició en diciembre de 2020 con la incursión de grupos delictivos, lo que provocó desplazamientos en municipios como Aguililla, Coalcomán y Tepalcatepec.
En este contexto, indicó que Apatzingán pasó de ser un lugar de refugio a convertirse también en zona de expulsión. En junio de 2023, un nuevo episodio de violencia provocó el desplazamiento de habitantes de comunidades como Llano Grande, El Tepetate y Las Bateas.
Casos más recientes, como el ocurrido en marzo de 2025 en comunidades como El Alcalde y El Guayabo, dejaron al menos 500 personas afectadas, según estimaciones basadas en censos poblacionales que retomó el Observatorio.
"Uno de los pocos registros oficiales ocurrió en 2021, cuando la Guardia Nacional documentó alrededor de mil 800 personas desplazadas en un albergue improvisado en Tepalcatepec, lo que permitió la canalización de ayuda humanitaria con apoyo del DIF estatal. Sin embargo, esta práctica no se replicó en otros municipios", mencionó.
La falta de datos oficiales también se refleja en inconsistencias entre autoridades. Mientras la Secretaría de Gobierno reportó inicialmente 15 familias desplazadas en un evento reciente, días después autoridades municipales elevaron la cifra a cerca de 150 personas.
Para el Observatorio, estas discrepancias evidencian la ausencia de un sistema confiable de registro y la falta de voluntad institucional para reconocer la magnitud del problema.
En tanto no exista una ley y un padrón oficial, el desplazamiento forzado en Michoacán continuará siendo un fenómeno invisibilizado, pese a sus impactos en miles de familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares.
BCT
