Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por Michoacán, Sandra Arreola Ruíz, buscará que, a través del Congreso del Estado, se impulse una iniciativa a nivel nacional llamada "Ley Cazzu", con el objetivo de eliminar el poder de veto injustificado que los progenitores ausentes mantienen sobre la vida de sus hijos, especialmente en trámites de movilidad. Este tema está agendado para la sesión extraordinaria del Congreso michoacano en el punto 54, para este miércoles.
La propuesta se fundamenta en un contexto internacional y nacional de crisis familiar, donde la movilidad humana —esencial para acceder a salud, educación y una vida familiar digna— se ve obstaculizada por la retención de firmas. La "Ley Cazzu", originada en Argentina, busca evitar que el progenitor que ha abandonado sus deberes económicos y afectivos pueda frenar el desarrollo del menor mediante la negativa de su consentimiento.
En el contexto mexicano, la diputada señala que existe una "emergencia silenciosa" en materia de justicia familiar, marcada por una profunda desigualdad de género. De acuerdo con los datos que sustentan la iniciativa, más de 11 millones de madres solteras en el país asumen la totalidad de las cargas de sus hijos sin apoyo, enfrentando la paradoja de que el padre ausente legalmente mantiene una "omnipotencia" para detener trámites esenciales como viajes o pasaportes.
La exposición de motivos califica esta situación como una forma de violencia vicaria, donde impedir la movilidad del menor es una agresión destinada a controlar a la madre.
"Esta situación constituye una forma de violencia vicaria que el Estado mexicano ha comenzado a reconocer, ya que impedir la movilidad de un menor sin una justificación real, con el único fin de controlar a la madre, es una agresión que el artículo 2 constitucional debe combatir frontalmente", se lee en el documento.
Michoacán, con su alta intensidad migratoria hacia Estados Unidos, es un campo fértil para esta problemática, afectando a miles de niños en familias transnacionales que necesitan movilidad internacional por reunificación o salud. La diputada Arreola Ruíz destaca que la falta de apoyo del padre ausente, que a menudo ya ha formado otra familia, deja al menor en un limbo jurídico.
En cuanto a la facultad de presentar esta propuesta a nivel federal, aunque los diputados locales tienen soberanía en sus legislaturas, los legisladores locales participan en procesos de reforma constitucional que pueden influir en la legislación federal al exponer posturas y propuestas de interés nacional en sus recintos.
La iniciativa busca, por tanto, alinear la legislación mexicana con criterios internacionales que previenen sustracciones ilícitas, pero sin castigar a las madres cuidadoras.
"Frente a esto, la tendencia global y los criterios de La Haya respecto a la sustracción de menores apuntan a que los convenios internacionales deben prevenir traslados ilícitos, pero jamás ser utilizados para castigar a las madres cuidadoras", concluye la exposición, buscando que la autonomía de la madre cuidadora prevalezca ante el abandono fehacientemente comprobado.
SHA
