Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos diez años, la incidencia de delitos por incumplimiento de la obligación alimentaria en Michoacán pasó de 62 carpetas de investigación en 2013 a 133 casos en 2022, mientras que en lo que va de este año ya se tienen registrados 48 casos. Es decir, este delito ha incrementado en más del 114 por ciento, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los derechos alimentarios comprenden alimentación, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva, gastos de embarazo y parto, así como los vinculados a la educación y atenciones especializadas, en caso de que los menores tengan alguna discapacidad.
A pesar de que en la actualidad hay más herramientas legales y colectivas que apoyan a muchas mujeres, aún es complicado para muchas el atravesar por un proceso de demanda, en el que se va el dinero, el tiempo y se genera un desgaste mental y emocional, sin embargo, es la última opción a la que las madres recurren para que los padres cumplan con sus responsabilidades tras un divorcio o una separación.
Tal es el caso de Yesenia y Alejandra, quienes nos hablan desde su experiencia cómo es el vivir el día a día con la carga y responsabilidad total para sacar adelante a sus familias, luego de que sus parejas incumplieron lo acordado en los convenios o lo hacen parcialmente.
Yesenia, quien tiene tres trabajos e interpuso una demanda para conseguir la pensión de su hijo, relató que se ha enfrentado a un sistema de justicia lento, que no garantiza la equidad en el trato y que no cuenta con personal capacitado para tratar estos casos.
“Yo, desde el principio, vi un montón de irregularidades en el sistema. Yo metí la demanda en abril y hasta los primeros días de julio se le notifica. Cuando exponemos toda la situación, él tenía además problemas de alcohol y violencia, aún así el juzgado decide mandarnos a conciliación, un proceso que se me hace super difícil porque la autoridad piensa que va a haber voluntad cuando por años nunca hubo y por eso es que denunciamos”
Yesenia, madre soltera
Por otro lado, Alejandra durante 10 años ha recibido la misma cantidad de pensión, sin importar el incremento a los precios por la inflación. Además, el padre de sus hijas, durante la pandemia, “por voluntad” decidió disminuir el monto debido a la crisis de aquel momento, sin embargo, se reactivaron las actividades y continúa pagando menos de lo estipulado, por ello inició el proceso de una demanda por segunda ocasión.
“En estos 10 años, la cantidad de la pensión es la misma, los mil 500, en el convenio dice que debe ir aumentando cada año, conforme al salario mínimo, pero pues nunca la ha aumentado, porque dice que si la aumenta, entonces él ya no va a apoyar con gastos extras”.
Ambas invitan a las mujeres que viven una situación similar a demandar, a visibilizar sus casos, pero también a tener paciencia y estómago ante lo lento que puede llegar a ser el sistema de justicia.
Mientras que Yesenia invitó a las mujeres que decidan levantar una demanda a mentalizarse y ser perseverantes. "Que no pensemos que lo normalizado es lo normal, sí se necesita de mucha perseverancia, porque vamos a ser nosotras, las que notemos esas irregularidades en el sistema, las que cambiemos para que garanticemos que todas tengamos un proceso justo y cuando no sea así, que se arropen de todas las instituciones que puedan o de todos los colectivos que puedan para que se fortalezcan porque definitivamente se necesita paciencia y estómago para soportar una demanda", agregó.
Esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Se trata de un padrón en el cual se inscribe a los padres o tutores que incumplan con el pago de la pensión alimentaria quienes no podrán tramitar licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje.
Tampoco podrán participar como candidatos a cargos de elección popular; participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; trámites realizados ante notario público relativos a la compraventa de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales; solicitudes de matrimonio, además de que no podrán salir del país.
La minuta de la llamada Ley 3 de 3, aprobada por el Senado de la República, fue recibida por el Congreso del Estado; en ese sentido diversas colectivas y legisladoras se han proclamado para agilizar su aprobación en la entidad, para que sea aprobada por al menos en 17 estados del país para su ratificación a fin de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Esta iniciativa busca proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de manera directa para que ninguna persona que haya cometido violencia familiar, sea deudora de pensión alimenticia o agresor sexual pueda tener un cargo de elección popular o un cargo en el apartado gubernamental público.
rmr
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