Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán Macario, acusó a la Secretaría de Bienestar del gobierno federal de imponer lineamientos unilaterales que afectan la libre autodeterminación y organización interna de las comunidades indígenas, particularmente en el proceso de asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente indígena (FAISPIAM).
En entrevista con medios de comunicación, Guzmán Macario explicó que la Secretaría definió de forma centralizada la convocatoria, los tiempos y las condiciones para que las comunidades accedan a los recursos federales, sin consultar ni respetar los procesos tradicionales de toma de decisiones.
"Ellos deciden cuándo convocar, ellos convocan y no respetan a las autoridades. Por otro lado, muchas comunidades ya hicieron sus asambleas [...] pero la Secretaría de Bienestar no les quiere reconocer las asambleas porque no estuvo presente algún funcionario o servidor de la nación", denunció el vocero.
El representante indígena señaló que más de 200 comunidades ya realizaron sus asambleas, nombraron a sus comités y están listas para ejercer el presupuesto correspondiente, sin embargo, la Secretaría de Bienestar se niega a validarlas, lo cual, afirmó, contradice lo estipulado por la Constitución.
"Ningún lineamiento de ninguna secretaría está por encima de la Constitución y la Constitución establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía y a la autodeterminación y por eso es que, por medio de las autoridades, por medio de asamblea, ya designaron sus comités, pero la Secretaría se niega a reconocerlos", subrayó.
Asimismo, acusó falta de conocimiento e ignorancia por parte de los funcionarios federales respecto a los derechos indígenas, lo que ha derivado en errores logísticos y atropellos que ahora amenazan con dejar sin recursos a decenas de comunidades.
Entre las comunidades afectadas mencionó a Opopeo, Sevina, San Andrés Tziróndaro, Tomendán, Huancito, San Ángel, Turícuaro y Siragüen, donde Bienestar ha desestimado las asambleas comunitarias por no ajustarse a sus lineamientos.
rmr
