Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán se encuentra en vísperas de votar un proyecto de decreto, propuesto por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que busca desincorporar un total de 38 predios e inmuebles del patrimonio estatal. El objetivo central de esta medida es capitalizar activos improductivos para destinarlos a inversión pública productiva e infraestructura. Dentro de esta lista, se destaca la intención de donar cuatro propiedades específicas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Estos cuatro inmuebles están destinados a fortalecer la infraestructura de salud en el estado. Según el dictamen estos terrenos servirán para la construcción de nuevas instalaciones cruciales, incluyendo Centros de Educación y Cuidado Infantil (CEDI) y una Unidad de Medicina Familiar, en municipios como Lázaro Cárdenas.
El mecanismo legal establece que, una vez autorizada la desincorporación, la Secretaría de Finanzas y Administración transferirá la titularidad fiduciaria de estos bienes al Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán (FIDEMICH). Este fideicomiso tendrá la facultad de administrar y, en su caso, enajenar los inmuebles mediante venta o donación.
Respecto a las donaciones, el Artículo 2° del proyecto es categórico y establece un blindaje contra el beneficio privado: "Las donaciones únicamente podrán realizarse a favor del Poder Legislativo del Estado, de los municipios o de organismos públicos, quedando prohibida cualquier donación a personas físicas o morales de carácter privado," estipula el documento.
Esta prohibición se extiende a las ventas. El Artículo 7° impone una restricción severa para prevenir la corrupción y el conflicto de interés: ningún servidor público, por sí o por interpósita persona, podrá adquirir estos bienes. La restricción aplica también a cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad, así como a terceros con quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, y se extiende a funcionarios que hayan ocupado cargos en los últimos cuatro años.
En cuanto a los predios restantes que no se donen al IMSS o a otros organismos públicos y que entren al fideicomiso para su venta, el precio base será determinado por avalúos considerando siempre las mejores condiciones de mercado y el interés público. El dictamen establece que los fondos obtenidos por la venta de estos inmuebles serán enterados a la Hacienda Pública Estatal, pero su uso estará restringido exclusivamente a la inversión pública productiva y al financiamiento de proyectos de infraestructura con impacto económico y social medible. En ningún caso, y esto es una prohibición explícita, se permitirá que estos recursos se destinen a gasto corriente o pago de nóminas.
Finalmente, si la venta de alguno de los bienes no se concreta durante la administración actual, estos inmuebles se reintegrarán automáticamente al patrimonio estatal. La Secretaría de Contraloría vigilará el estricto cumplimiento de este Decreto para asegurar la transparencia del proceso.
BCT
