Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán, y la Ley Orgánica Municipal, el diputado del PT, Hugo Rangel Vargas, busca inhibir y sancionar el robo parcial o total de las pensiones del bienestar a las que tienen derecho las y los adultos mayores, tipificando esta acción como "abuso de confianza específico".
Desde su experiencia como funcionario en programas del Bienestar, el petista reconoció el robo de pensiones como una de las quejas constantes, pese a que muchos adultos mayores confiaban en sus familiares para ser ellos o ellas quienes cobraran dicho recurso, ante sus dificultades de movilidad o desconocimiento en el uso de cajeros automáticos.
"Le daban su tarjeta a personas que les auxiliaban para cobrar su pensión. Era recurrente que la pensión les llegaba con piquete de ojos, con pellizco, que no se les entregaba completa y era penoso ver que generalmente quienes cometían este tipo de abusos eran propios familiares de estas personas beneficiarias de los programas sociales".
Rangel Vargas destacó que, ante la falta de tipificación específica, no existe un marco cuantitativo para saber cuántas personas adultas mayores han sufrido esta situación, por lo que su iniciativa tiene también la intención de hacer una relación de víctimas, inhibir esta conducta y sancionar a quienes la cometan.
A decir del petista, es aún más penoso que quienes abusan económicamente de las y los adultos mayores beneficiarios sean propios familiares, violando además la confianza en un núcleo familiar.
"Viví muchas quejas de estas y la verdad es que daba hasta lástima, no sé, pena ver a las señoras, a los señores, el desengañarse de que sus hijos, de que sus nietos, de que sus sobrinos, de que personas a las que le tenían la confianza, pues violentaran este acto de confianza y de cariño que les expresan al darles la, al otorgar la tarjeta y permitirles a ellos que sean quienes cobren la pensión".
La propuesta de Hugo Rangel está dirigida al artículo 215 del Código Penal de Michoacán, para proteger los derechos de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad, con el objeto de tipificar esta conducta delictiva, que prevé, como pena mínima la reparación del daño y una multa de hasta 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización y prisión de seis a once años como máxima que afecta a estos sectores vulnerables de la población.
Asimismo, con la modificación al artículo 22 de la Ley Orgánica del Estado, se busca dar acompañamiento a estos dos sectores de población considerados vulnerables, en la presentación de las respectivas denuncias penales a aquellas personas que son victimas del Delito de Abuso de Confianza especifico, buscando con ello garantizar la orientación jurídica pertinente y la más amplia protección del Estado en su conjunto de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad.
mrh
