Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que la violencia del crimen organizado ha provocado el desplazamiento interno forzado de miles de personas en regiones críticas como Tierra Caliente y la Sierra-Costa, el Congreso del Estado de Michoacán mantiene congeladas al menos seis iniciativas de ley que buscan proteger y atender a esta población vulnerable. La falta de una Ley Estatal Integral deja a los desplazados en un limbo legal y sin acceso a recursos etiquetados para su subsistencia y reparación.
El desplazamiento forzado interno es un fenómeno creciente en Michoacán, impulsado principalmente por la disputa territorial entre grupos criminales. Casos de estudio en municipios como La Huacana, en Tierra Caliente, confirman que la búsqueda de seguridad física obliga a familias enteras a abandonar sus hogares y propiedades, sumándose a un contexto nacional donde alrededor de 29 mil 900 personas fueron forzadas a huir de sus hogares en 72 eventos de desplazamiento interno en 13 estados de México, con el crimen organizado como principal causa, según datos del informe "Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México", elaborado por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana (Ibero) en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Ante esta realidad lacerante, la respuesta del Poder Legislativo ha sido insuficiente y fragmentada. Desde 2019, diversas fracciones parlamentarias han presentado propuestas concretas para abordar el problema, pero ninguna ha logrado consolidarse como una ley integral y funcional.
La primera iniciativa relevante data de 2019, cuando la diputada Zenaida Salvador Brígido buscó tipificar el desplazamiento forzado interno como delito en el Código Penal de Michoacán, proponiendo penas de 6 a 12 años de prisión. Aunque vital para la justicia, esta propuesta se enfocaba en la sanción, no en la atención humanitaria. El actual Código Penal del estado no contempla sanciones penales sobre el desplazamiento de personas.
El intento más completo para crear un marco de protección integral se dio en 2022, con la iniciativa de decreto de la diputada Fany Lissette Pichardo, que proponía la creación de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno Forzado en el Estado de Michoacán. Esta iniciativa incluía la creación de un sistema estatal de prevención, un registro oficial y un fondo para la reparación del daño. Sin embargo, al igual que otras, quedó estancada en comisiones durante la 75 Legislatura.
En ese mismo año se presentó otra iniciativa para tipificar el delito y reformar la Ley de Atención a Víctimas, y aunque se logró la creación de un comité interinstitucional para la atención del desplazamiento forzado (abril de 2022), esta medida, impulsada desde el Ejecutivo, es meramente operativa y de coordinación, sin el peso legal ni el presupuesto de una ley integral.
La parálisis legislativa contrasta con la urgencia en el terreno. Organizaciones de la sociedad civil, como la CMDPDH, y colectivos de desplazados de municipios como Aquila y Chinicuila han participado en foros impulsados por la Comisión de Migración en 2023 y 2024, exigiendo la aprobación de la ley prometida.
En noviembre de 2021, la diputada Julieta Gallardo y colectivos de víctimas señalaron abiertamente la inacción. La falta de voluntad política ha provocado que, a pesar de los miles de desplazados en la entidad, el Congreso no haya cumplido con la aprobación de la legislación prometida desde la pasada legislatura.
En Michoacán no hay reforma específica en 2024-2025 que agregue artículos exclusivos sobre desplazamiento forzado en la Ley de Atención a Víctimas (solo reformas menores a la ley estatal para armonizar con la federal). El desplazamiento se atiende bajo el marco general de víctimas de violaciones graves, a través de la CEEAV Michoacán, pero sin un capítulo o artículos dedicados exclusivamente.
La consecuencia directa de esta inacción es que Michoacán sigue sin contar con una herramienta legal que garantice un registro estatal funcional, un presupuesto etiquetado y la reparación integral para las víctimas de este flagelo.
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