

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para garantizar los derechos, así como inhibir, investigar y reparar los daños ambientales, la Secretaría de Medio Ambiente (Secma) entregó este día una iniciativa de reforma en materia ambiental al Congreso del Estado de Michoacán, con la intención de que sea aprobada próximamente.
La presentación de dicha iniciativa se llevó a cabo este jueves en Casa Michoacán, como parte del Plan Morelos, anunciado hace un par de años por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El mandatario afirmó que se trata de “una reforma constitucional de primer orden”.
“Seguimos dando cumplimiento al Plan Morelos. Es por nuestros bosques, naturaleza... Michoacán significa lugar de lagos y pescadores, y es urgente tomar medidas drásticas en materia de medio ambiente, salvaguardar los recursos naturales, el agua, los bosques, los animales”, expresó el gobernador.
De ser aprobada por los legisladores, esta reforma obligará al Estado a investigar, sancionar y remediar los daños ambientales, aseguró Ramírez Bedolla. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, también se busca dotar de herramientas tecnológicas para inhibir prácticas como el huachicol del agua y la deforestación.
Por su parte, el titular de la Secma, Alejandro Méndez López, señaló que esta acción tiene como objetivo ejecutar medidas en favor del clima y la conservación de los bosques en Michoacán, y con ello garantizar el derecho de la población a disfrutar de un planeta sano para su desarrollo y bienestar.
“Se trata de principios para garantizar la dignidad y justicia. En eso se enmarca la iniciativa: propone reconocer en la Constitución Política un medio ambiente sano y sostenible, pero también la corresponsabilidad ciudadana”, refirió el funcionario.
Finalmente, el diputado local Abraham Espinoza Villa, quien recibió el documento, subrayó que la deforestación masiva —impulsada por el crecimiento desordenado de cultivos—, los incendios y la contaminación son síntomas claros de la problemática. Por ello, urgió a fortalecer el marco constitucional y dotar de herramientas modernas para detectar, prevenir y sancionar los delitos ambientales.
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