Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, tiene en su agenda para este año proponer modelos de regulación a problemáticas respecto a conflictos de interés que se puedan dar en diferentes dependencias, señalando cuatro de ellas específicamente, derivado de la numerosa contratación que llegan a realizar y que, en muchas de las ocasiones, responde a un tema particular y personal, así lo señaló Cesar Arturo Sereno Marín, presidente de la antes mencionada.
"No se tiene identificado como tal qué secretarías tienen más problemáticas que otras, pero, si nos vamos por un tema de quién contrata más, pues la Secretaría de Educación, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Salud son unos monstruos que compran y contratan en muchísimos millones al año y creo que deberían de ser las tres principales en las que nos tendríamos que enfocar, y Seguridad Pública también, con esas cuatro tendríamos para rato", aseguró en entrevista.
Adelantó que será en el mes de marzo que la propuesta de generar dichos modelos de regulación se presente ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para su análisis y su posible aprobación, no obstante, aseguró que sería una meta poder involucrar los modelos de ética e integridad pública en las dependencias ya señaladas.
Explicó que se propondrán desde el Sistema Estatal Anticorrupción, entendiendo por ello que tiene que ver desde un sentido de transparencia en los procesos de contratación de las diferentes secretarías que conforman el sistema ejecutivo estatal.
"El tema de conflicto de interés tiene que ver con qué personas intervienen en la contratación y evitar o delimitar muy bien cuando ellos toman la decisión de a quién contratar y que evidentemente no exista alguna amistad, algún cohecho o compadrazgo que esté desviando los recursos para cierto grupo o ciertas personas", detalló.
Sereno Marín dijo que trabajarán en una iniciativa de ley ciudadana que será presentada ante el Congreso del Estado, donde se especifican puntos clave para evitar se afecte el desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos.
"Lo que le diríamos al Congreso es un punto de partida, que es una iniciativa de ley, donde vendrán casos muy específicos, por ejemplo, el cambio de adscripción de una persona, que se le siga pagando su sueldo y que no vaya a trabajar. Una serie de medidas que lo que tratan de hacer es que las personas sientan seguridad de denunciar y que sepan que no está en riesgo sus bienes, su trabajo o alguna actividad que ellos estén desarrollando", concluyó.
rmr
