Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caso de Verónica Huante contra Alejandro N., presunto violador que ha enfrentado un tortuoso proceso de más de dos años, ha dado un giro con la solicitud de un procedimiento abreviado por parte de la defensa del imputado. Este mecanismo legal, que implica que el acusado se declare culpable a cambio de una reducción de pena, ha colocado a la víctima en una posición de negociación forzada, a pesar de su firme convicción de buscar justicia plena.
La solicitud se presentó junto con la audiencia diferida de este lunes, tras la inasistencia de la defensa. Verónica Huante, quien no esperaba esta vía, se vio obligada a esperar la propuesta formal de Alejandro N., la cual debe incluir la reparación del daño y el número de años de prisión que se le impondrían.
Verónica Huante expresó su frustración ante un sistema que, considera, prioriza los derechos del procesado por encima de la celeridad y la reparación integral de la víctima.
Huante Parra fue clara al manifestar su postura frente a la posibilidad de un acuerdo que implique una pena menor a la que correspondería sin este procedimiento. Si bien esperaba una sentencia cercana a los 40 años, con el procedimiento abreviado su objetivo es negociar para que la condena no sea inferior a los 20 años.
"Sí, el procedimiento abreviado es donde él se responsabiliza, se declara culpable y se le reduce una condena. No estoy de acuerdo en eso, no busco algo monetario, pero las leyes mexicanas dan esa posibilidad", señaló la activista.
A pesar de su desacuerdo con la figura legal que permite reducir penas a cambio de la aceptación de culpabilidad, Verónica Huante reconoce los límites jurídicos: si bien ella no puede impedir que se inicie el procedimiento abreviado —pues es un derecho del imputado—, su defensa sí puede apelar la sentencia si considera que es insuficiente.
Pese a las circunstancias desfavorables y el desgaste emocional acumulado tras años de lucha y revictimización, Huante se declara "conforme" en un sentido práctico: el procedimiento asegura que, de alguna manera, se obtendrá una sentencia condenatoria. No es la justicia que ella anhelaba, pero es un resultado concreto frente a la posibilidad de que el proceso se estancara indefinidamente.
Finalmente, la activista aprovechó el espacio para lanzar un mensaje al Poder Legislativo, señalando las fallas estructurales del sistema judicial mexicano. Su experiencia la lleva a concluir que las leyes favorecen excesivamente a los imputados, haciendo que el derecho a la justicia no sea "pronta ni expedita". Urge, según ella, modificar el marco legal para priorizar los derechos de las víctimas y limitar la excesiva consideración hacia quienes han cometido delitos graves.
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