Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caso González y otras contra México, o también conocido como Campo Algodonero, y la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tienen como “espíritu central” el que los estados tomen acciones para revertir los delitos cometidos contra mujeres, o delitos de violencia de género, que tienen una alta carga de discriminación, expuso Héctor A. Pérez Rivera, durante el taller “Juzgar con perspectiva de género”, en el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.
En su conferencia magistral, Pérez Rivera, que fue parte del equipo estratégico jurídico de las víctimas del caso González y otras contra México, detalló que al reconocer la relación entre violencia y discriminación implica que todos los juzgadores y autoridades que estén en presencia de un caso de violencia contra las mujeres tengan que identificar la perspectiva de género y en tales actos hay un sesgo discriminatorio, obligación que surgió a partir de la sentencia de la Corte IDH del 16 de noviembre de 2009, en la que condena al Estado mexicano como responsable de la desaparición de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre de 2001.
El especialista en derechos fundamentales en el proceso penal mencionó que en esta sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló las obligaciones generales del Estado, tal fue el caso de investigar, sancionar, reparar y garantizar los derechos de las mujeres en este caso concreto.
“Yo no puedo decir que tú (Estado) las mataste, pero tú sabías que las estaban matando, no hiciste nada para prevenir la violencia, cuando iban y te denunciaban los casos no las buscas, cuando las encontraban no recabaste la evidencia, entonces no estas sancionando a nadie, entonces, para mí Corte Interamericana es como sí tú México las hubiera matado. Por eso se estableció responsabilidad internacional, porque hay un actuar negligente en el cumplimiento de las obligaciones generales del Estado”, pormenorizó.
Por ello, Héctor Pérez recalcó que la sentencia del caso de Campo Algodonero representa un hito en la justicia Latinoamericana, al ser la que trae el feminismo al derecho, en una forma que se busque garantizar plenamente los derechos humanos de las mujeres.
El maestro en derecho recordó que incluso a partir de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos retomó la debida diligencia para poner los responsables frente a la justicia y estos sean sancionados, lo que incluso en la legislatura mexicana se retoma, ya que la corte establece que en el caso de las mujeres la obligación que sea más fuerte, porque hay una brecha histórica de desigualdad.
“En este caso lo que tú (Estado) tienes que hacer es mandar el mensaje social de que esto no está permitido, y que si sucede lo vas a castigar con severidad”, enfatizó.
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