Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los grandes pendientes para el Sistema Estatal Anticorrupción es contar con una metodología propia que permita establecer con precisión los índices de corrupción que existen en Michoacán advirtió el César Sereno Marín, presidente del Comité de Participación Ciudadana del organismo.
“Es una deuda del Sistema Estatal Anticorrupción, (tener) una numeralia tropicalizada en Michoacán, ¿por qué? Porque tenemos la Política Estatal Anticorrupción pero la política está basada particularmente o en su gran mayoría en datos del INEGI, en datos que te da Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional, en datos que te da World Justice Proyect en materia de estado de derecho, el CIDE que también hace mediciones en materia de participación ciudadana del gobierno abierto, pero no tenemos una metodología propia; Michoacán dando datos a partir de Michoacán”.
Reconoció que los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción carecen de “dientes” para perseguir e implementar sanciones contra quienes comenten hechos de corrupción, tal como lo han señalado de forma insistente durante años quienes critican al organismo, pero recordó que dentro de los comités existen instituciones que sí cuentan con esas facultades, pero algunas no han cumplido con su labor.
Al cumplir cinco años como integrante del CPC y uno como presidente del mismo, Sereno Marín reconoció también que desde la creación de estos sistemas y desde la llegada del gobierno que tuvo como uno de sus principales compromisos de campaña el combate a la corrupción, México no logró avanzar sustancialmente en los indicadores internacionales ni convertirse en un referente en la lucha contra este fenómeno por múltiples factores; lo importante, dijo, es reconocer el problema y actuar en consecuencia si en verdad se tiene el propósito de avanzar.
Al cumplir su ciclo de cinco años para el cual fue designado, el académico consideró que el balance general de su gestión y del Sistema ha sido “bueno” porque se han registrado avances en la institucionalización del organismo pese a que en los últimos años no han contado con el respaldo necesario para realizar su labor; por ejemplo, recordó que al finalizar su periodo solo quedará uno de cinco integrantes del CPC por el desinterés mostrado por los miembros de la Comisión de Selección y por la apatía del propio Congreso que no les exigió que cumplieran con su encomienda.
En cuanto a los avances que se han registrado en los últimos años, Sereno Marín destacó la implementación de la Política Estatal Anticorrupción, los alertadores anticorrupción, la consolidación de la Secretaría Ejecutiva, la creación de lineamientos que permiten la operatividad del organismo y lo dotan de facultades.
Entre los pendientes, comentó que se debe fortalecer los órganos internos de control en los municipios, profesionalizar a los responsables de atender estos asuntos, consolidar la digitalización de todos sus procesos y garantizar la conectividad para que la ciudadanía pueda acceder a toda la información pública o presentar sus denuncias e inquietudes.
“Las reformas constitucionales deben ir enfocadas a que los municipios tengan programas de trabajo anuales anticorrupción; que tengan recursos financieros para hacer frente a una serie de acciones que deben de desarrollar para controlar y para combatir la corrupción desde los municipios, en contrataciones públicas, en fortalecimiento de la ética, en transparencia y rendición de cuentas, que no la hay, vamos a ser sinceros; en los municipios es muy complicado y te lo digo desde el Sistema Estatal Anticorrupción a veces se les mandan recomendaciones no vinculantes a los municipios y nunca te contestan”.
Precisamente sobre la llamada “Alerta SEA” - plataforma digital con la que se pretende que las y los ciudadanos den aviso sobre la probable comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción-, reconoció que es un programa incipiente que no ha tenido mucho impacto porque finalmente no son avisos o denuncias vinculantes que obliguen a las autoridades estatales o municipales a realizar una investigación exhaustiva, en un tiempo determinado, e imponer sanciones; aunque es una buena herramienta para contribuir a la cultura de la denuncia.
Ante el anuncio del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, de desaparecer el Sistema Estatal Anticorrupción, dijo que desconoce si existe alguna iniciativa que prevea la extinción del organismo o si se trata solo de una reestructuración que implique cambios en cuanto a su organización interna y facultades. Por lo pronto, recordó que a nivel federal no se ha presentado alguna reforma para la extinción del SNA, por lo que desconoce si permanecerá en la entidad.
Uno de los aspectos fundamentales que quedan pendientes también es la construcción de una ciudadanía participativa pero que actúe apegada a principios éticos, que permitan erradicar de raíz, la corrupción.
“Decía una expresidente (que) es cultural el tema de la corrupción, yo no diría que es cultural, yo diría que es un tema normalizado que tenemos de ciertas conductas, de cierto tipo de circunstancias de las que nos aprovechamos: queremos heredarle la plaza al hijo, el que llega a un puesto público pues quiere aprovechar esos tres o seis años para hacer ronchita, como se dice, con las contrataciones públicas o acomodando gente que ni siquiera tiene el perfil, ese es el gran problema, seguimos normalizando actos que son corruptos y que ahora ya están tipificados como delitos y como faltas administrativas graves y no graves dentro de la normativa mexicana”.
RYE
