Morelia, Michoacán (MiMorlia.com).- En medio de la incertidumbre y frustración de Verónica Huante Parra, víctima de violación sexual, su asesor jurídico, Salvador Ceja Barrera, ofreció un punto de certeza: el presunto responsable, Alejandro N., no saldrá libre por el momento.
A pesar de las tácticas dilatorias empleadas por la defensa, que incluyen la inasistencia a audiencias y la solicitud de revisión de medidas cautelares, la base legal sostiene la permanencia del imputado en prisión preventiva.
El núcleo de la estrategia defensiva se centra en el argumento de que han transcurrido más de dos años sin que se dicte una sentencia, buscando explotar lo que consideran un límite temporal impuesto por la ley para la prisión preventiva. Sin embargo, el especialista legal de Huante desestima esta línea argumentativa al ser insuficiente para revertir la medida cautelar.
Salvador Ceja Barrera señaló que, el riesgo de que Alejandro N. obtenga su libertad es prácticamente nulo, basando su afirmación en mandatos superiores del sistema judicial mexicano. "No hay ningún riesgo, ya la Corte ha dicho que cuando se trate de defensa no procede."
Aterrizando la materia jurídica y penal, el argumento central radica en que las solicitudes de la defensa, como la revisión de medidas cautelares o las prórrogas en la investigación complementaria, son recursos que, si bien consumen tiempo, no anulan automáticamente la justificación de la prisión preventiva. El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen parámetros estrictos para la libertad provisional, especialmente cuando existen indicios sólidos de vinculación a proceso por delitos graves como los que enfrenta Alejandro N.
Lo anterior nos indica que, aunque la defensa utilice el tiempo como arma, la ley protege a la víctima y a la sociedad cuando el juez considera que la prisión preventiva es necesaria para asegurar la presencia del imputado en el proceso o para proteger a la víctima. El hecho de que la defensa haya promovido múltiples recursos (apelaciones y amparos) que no prosperaron, como mencionó Ceja Barrera, refuerza la solidez de la medida cautelar impuesta inicialmente.
El asesor enfatizó que, mientras la defensa ha estado activamente promoviendo solicitudes para alargar el procedimiento, ni la asesoría jurídica ni la Fiscalía han incurrido en actos para dilatar el proceso. En contraste, son las acciones de la defensa las que han generado los recientes aplazamientos, como la audiencia del 12 de enero, que se diferirá de nuevo si se asigna un defensor público.
Por lo tanto, la situación penal actual se mantiene estable en cuanto a la libertad del imputado. La posibilidad de que un juez atienda el argumento de los dos años sin sentencia y revoque la prisión preventiva es baja, pues la jurisprudencia citada por Ceja Barrera sugiere que el derecho a no estar indefinidamente detenido debe sopesarse con la gravedad del delito y el riesgo procesal.
La lucha de Verónica Huante, que ha impulsado incluso cambios legislativos con la "Ley Parra", continúa marcada por la lentitud administrativa, pero Ceja Barrera asegura que el pilar fundamental de su seguridad jurídica, la permanencia de Alejandro N. en prisión, se mantiene firme ante el escrutinio legal.
BCT
