Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– En congruencia con la política de austeridad impulsada a través del llamado "Plan B" de la reforma electoral, la magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, puso sobre la mesa la urgencia de ajustar los salarios de las magistraturas locales. La propuesta busca que ningún integrante del tribunal perciba una remuneración mayor a la del titular del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo sueldo base se sitúa actualmente en los 36 mil 500 pesos.
Andrade Morales señaló que, tras la aprobación del Plan B en el Congreso de la Unión y su rápida ratificación en 18 estados de la República, el enfoque principal de la reforma ha girado hacia una austeridad republicana que busca ahorros significativos en los órganos autónomos y poderes del Estado. En este contexto, recordó que Michoacán fue identificado en estudios nacionales como el tercer Congreso más caro del país, lo que obliga a todas las instituciones a revisar el uso transparente y limitado de los recursos públicos.
En cuanto a los privilegios que anteriormente gozaba la alta burocracia electoral, la magistrada reveló que las magistraturas del TEEM ya renunciaron al seguro de vida privado que tenían, manteniéndolo únicamente para el personal operativo, como los actuarios, quienes por la naturaleza de su trabajo realizan notificaciones constantes al interior y exterior del estado. No obstante, subrayó que aún queda pendiente una revisión profunda de otros bonos y prestaciones que ya no deben tener cabida en la situación actual.
“Nosotros tendríamos que ajustarnos a ese sueldo precisamente para no ganar más que el propio gobernador del Estado. Es una cuestión que yo ya puse sobre la mesa y espero tener eco con mis compañeros, porque en los tiempos de esta austeridad debemos privilegiar el uso transparente de los recursos y bajarnos el sueldo para no violar la ley en el caso del Plan B”, sentenció Andrade Morales durante la entrevista.
La magistrada también hizo eco de la iniciativa de reforma presentada por el diputado local Juan Carlos Barragán, la cual busca aterrizar en la legislación michoacana el mandato federal de que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República o, en el ámbito local, que el Gobernador. Andrade Morales advirtió que este ajuste no debería limitarse solo al Tribunal Electoral, sino que tendría que alcanzar al propio gabinete estatal, donde algunos secretarios de Estado perciben ingresos superiores a los del mandatario michoacano.
Finalmente, Yurisha Andrade insistió en que el ajuste salarial es una tarea que "urge" para dar seguimiento a la legalidad y legitimidad del sistema electoral. Aseguró que el Tribunal debe ser un referente de honestidad administrativa, demostrando que la impartición de justicia electoral no está condicionada a salarios de privilegio, sino al cumplimiento estricto de la ley y el servicio a la ciudadanía michoacana bajo los nuevos tabuladores de austeridad.
BCT
