Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso del Estado está próximo a cumplir dos años sin acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al señalamiento de más de 80 artículos de la Ley de Educación de Michoacán.
Pese a que el Poder Legislativo se encuentra en peligro de desacato, no hay avances contundentes para la realización de las consultas a sectores vulnerables, poblaciones que debieron tomarse en cuenta antes de aprobarse la nueva ley por la LXXIV Legislatura.
La presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso, Belinda Hurtado Marín, reconoció omisión por parte de la Secretaría de Finanzas internas en torno a un apartado económico de tres millones de pesos para generar al menos avances en las consultas, recurso que, dijo, el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, aseguró fue enviado al Legislativo.
Pese a las irregularidades, informó, tanto ella como la presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos, Brenda Fraga Gutiérrez, han invertido de su propio bolsillo -50 mil pesos cada una- para el pago de asesores expertos en el tema y provenientes de Oaxaca, para al menos avanzar en el tema:
Tenemos ya el proyecto, tenemos la ruta, el plan de trabajo y eso lo hemos pagado nosotras, no estamos pidiendo devolución, nosotras como presidentas tenemos que estar respondiendo con o sin, y así lo hemos estado haciendo. Nada más nos traen vuelta y vuelta en la secretaría de finanzas del Congreso del Estado
Belinda Hurtado, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso de Michoacán
La diputada del Partido del Trabajo (PT) reconoció poco interés por parte de sus homólogos, pues se han abstenido en participar con propuestas de consultorías o un plan de trabajo para llevar a cabo las consultas.
El Congreso de Michoacán se encuentra en una situación crítica al no acatar el mandato de la SCJN, pues el periodo de respuesta a las declaraciones de inconstitucionalidad de 84 artículos de la Ley de Educación feneció el 28 de mayo del año anterior.
La legisladora afirmó que el Congreso local está bajo el mandato de la SCJN en el tema del desacato, así como en algunos otros: "Creo hay temas más importantes en el Congreso como lo es el tema de la consulta que otros temas políticos o chismes entre pasillos, y a mí me parece más importante responderle a la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo por los pueblos originarios, por el tema de educación, de la niñez? Les estamos quedando a deber en esta LXXV legislatura", expuso Hurtado Marín.
El 31 de mayo del 2022 la SCJN señaló un total de 84 artículos de la Ley de Educación de Michoacán por la exclusión de la familia en sentido amplio y tutores en el proceso educativo; la indebida regulación de becas; violación al derecho a la identidad, acceso a la educación y a la autonomía universitaria; discriminación en el acceso a la educación y sistema de evaluación inadecuado; desigualdad en los recursos a planteles educativos; sostenibilidad de la educación; entre otras cuestiones y enmarcadas en la ponencia de la Ministra Norma Piña Hernández, hoy presidenta de la Suprema Corte.
Además de los señalamientos, se declaró un acta de acción de inconstitucionalidad de al menos catorce artículos por "afectar directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa a la expedición de la ley".
Lo anterior debido a que la legislatura pasada no realizó las consultas previas, libres e informadas en las comunidades indígenas y población con discapacidad para llevar a cabo las reformas a la Ley de Educación del estado.
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