Guerrero (MiMorelia.com).- Luego de que una menor de 14 años de edad fue encarcelada por policías comunitarios porque se negó a casarse en un matrimonio forzado, en Cochoapa el Grande, Guerrero, abrió la puerta nuevamente a exponer este problema que todavía no es erradicado en algunas localidades de México que se rigen por usos y costumbres.
La menor de edad, identificada como Anayeli "N", se escapó de su casa al domicilio de un vecino para evitar ser vendida y casada con un joven de 15 años.
Los padres del joven ofrecieron cerca de 200 mil pesos al primo de Anayeli "N", quien fungió como su tutor, pues ella es huérfana de padre, informó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En el hecho, también fueron arrestados un niño que le dio asilo, un tío al que acusaron de haberla mal aconsejado y a su primo por incumplir con el compromiso de entregarla.
Aunque como tal no hay cifras exactas de cuántos matrimonios se han llevado a cabo en esta modalidad, debido a que no se registran porque están prohibidos desde el 2019, por lo que la violación a los derechos fundamentales de las niñas de algunas comunidades indígenas continúa.
De acuerdo a una investigación de Publimetro las niñas de Guerrero que son obligadas a seguir los usos y costumbres de las comunidades indígenas, son tasadas entre 200 y 300 mil pesos para matrimonios arreglados.
“Disfrazado de dote, la familia de la ‘novia’ pide de facto 200 mil pesos a quien la pretenda. El monto desciende si la niña superó los 13 años de edad, no sabe lavar, cocinar o no domina los quehaceres".
Lamentablemente las niñas de las comunidades no pueden negarse a contraer matrimonio, justo por los usos y costumbres que datan de cientos de años atrás.
Luego del caso más reciente conocido, colectivos feministas se han manifestado en contra de esta práctica, incluso, anteriormente la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado pidió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hablar con los pobladores y erradicar la venta de niñas.
De igual manera la presidenta municipal de Tlacoachistlahuaca, Yareth Saraí Pineda, lleva a cabo acciones para terminar con esta práctica, que además por primera vez, el municipio tiene a una mujer como titular.
“Para ellos es un uso y costumbre, es normal, para ellos no es un delito. Esto no significa que esté bien. Hay usos y costumbres que no pueden lastimar los derechos humanos de la mujer”.
Mencionó que debido a que es una práctica que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo, “es más conveniente educar a la gente que prohibirlo”, y es que en muchas comunidades de dicho municipio ni siquiera se permite a las mujeres votar, “Hay resistencia, pero no hay nada imposible. Ya no podemos seguir así. Los matrimonios se deben de dar por amor, (…) no se pueden seguir dando bajo un arreglo”.
Con información de medios
EA
