Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del presidente Donald Trump fue acusado este miércoles de violar una orden judicial federal al expulsar a ocho migrantes —incluyendo un mexicano— a Sudán del Sur, país actualmente afectado por un conflicto armado, según resolvió un juez en Massachusetts.
Durante una audiencia de emergencia, el juez Brian Murphy calificó como una “violación evidente” el hecho de que el gobierno haya ejecutado la deportación sin permitir que los afectados tuvieran una oportunidad real de oponerse. “Fue imposible para estas personas tener una oportunidad significativa de defenderse”, dijo el juez.
Los expulsados provienen de Cuba, México, Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), todos tienen antecedentes penales, que van desde robo hasta homicidio, y fueron trasladados en un vuelo desde Texas, aunque se ocultó su destino por “motivos de seguridad”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el traslado ocurrió sin cumplir con el debido proceso, lo que motivó la intervención de la corte federal.
El destino final, Sudán del Sur, es considerado por el propio Departamento de Estado de EE.UU. como zona de riesgo extremo. De hecho, en mayo se retiró al personal no esencial de las oficinas diplomáticas por el recrudecimiento del conflicto.
El caso forma parte de una serie de medidas migratorias agresivas impulsadas por la administración de Trump, que han generado tensiones con el poder judicial. Organizaciones y juristas han advertido que las deportaciones exprés, sin revisión legal adecuada, podrían estar poniendo en peligro la integridad de los migrantes y el sistema legal estadounidense.
“Estamos cada vez más cerca de una crisis constitucional”, advirtió un abogado citado por medios estadounidenses.
Este no es el primer episodio polémico en materia migratoria. En marzo, el gobierno estadounidense envió a más de 200 migrantes —en su mayoría venezolanos— a una megacárcel en El Salvador, como parte de un acuerdo con el presidente Nayib Bukele. Según se reveló, EE.UU. pagó 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño para recibir a estas personas por un año.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han dado declaraciones tras la resolución judicial emitida este miércoles.
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