Ciudad de México (MiMorelia.com).- En una sesión marcada por la polémica, el Senado de la República aprobó en fast track la reforma a la Ley de Amparo, con el respaldo de Morena y sus aliados, y la oposición en contra. El decreto ya fue turnado al Ejecutivo Federal para su promulgación.
El dictamen incorpora una modificación al artículo 30-B, introducida previamente en la Cámara de Diputados, con la cual se precisa que la reforma no tendrá efectos retroactivos, al tratarse de una ley de carácter procesal. Sin embargo, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano consideraron que la aclaración es insuficiente y acusa una intención encubierta de limitar el acceso a la justicia.
La reforma fue aprobada en lo general con 83 votos a favor y 38 en contra, y ha sido calificada por la oposición como la “Ley del Desamparo”.
Según el texto avalado, las etapas procesales que hayan concluido o generado derechos adquiridos se regirán por la legislación vigente al inicio del proceso, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la reforma se sujetarán a las nuevas disposiciones.
“No implica retroactividad ni afecta derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, señala el documento.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), autor del transitorio original que fue modificado, sostuvo que la reforma busca agilizar y modernizar los procesos judiciales.
“No hay persecución política ni retroactividad. Se trata de mejorar los juicios de amparo con mayor certeza jurídica”, afirmó.
Desde la oposición, varias voces rechazaron la reforma. La senadora Alejandra Barrales (MC) acusó que la modificación al transitorio es una “maroma legislativa” y contradice declaraciones previas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que no habría retroactividad.
“Lo que están proponiendo es aplicar la reforma a asuntos en trámite, ignorando lo dicho por la presidenta”, afirmó.
Por su parte, Guadalupe Murguía (PAN) criticó que se debilita la figura del amparo, al restringir la suspensión de actos de autoridad y condicionar su procedencia a criterios más estrictos.
“El amparo nació para poner un alto al abuso de poder. Hoy se debilita ese principio”, advirtió.
En tanto, Carolina Viggiano (PRI) calificó el proceso legislativo como vergonzoso y denunció que las reformas afectan a sectores vulnerables:
“Restringen el interés legítimo, impidiendo que comunidades indígenas, colectivos y personas vulnerables puedan interponer amparos”.
Viggiano también acusó que el trasfondo es la recuperación de más de dos billones de pesos en créditos fiscales, muchos de ellos correspondientes a pequeñas y microempresas.
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