Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este martes su informe Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) 2021, en la que ofrece un acercamiento a la falta de legalidad y la violencia que emplean las autoridades al momento de la detención y traslado de las personas a los ministerios públicos y posteriormente a los centros penitenciarios.
En México, un poco más de 220 mil 500 personas se encuentran encarceladas, según cifras del Inegi.
Según cifras de la Enpol, el 43.9 por ciento, de los 67 mil 584 internos entrevistados a nivel nacional, declaró ser implicado de manera falsa en la comisión de un delito. Cifra que contrasta con el 40.9 por ciento de las personas privadas de su libertad que sí reconoció cometer algún delito.
Mientras que el 42.8 por ciento de los encuestados refirieron que fueron aprehendidos en la calle o sustraídos de algún sitio sin que las autoridades mostraran una orden de captura.
Luego de la aprehensión, las personas detenidas contaron la suma de amenazas y actos de violencia a los que se vieron sometidos.
El 42.9 por ciento de los entrevistados denunciaron haber sido amenazados con arma letal o no letal en el momento de su detención. A la par que la Policía causó una lesión leve al 39.3 por ciento, mientras que provocó una herida grave a otro 15.5 por ciento.
El 6.2 por ciento de los reos señaló que su vida estuvo en riesgo por la violencia empleada por las autoridades.
Pese a que la Constitución mexicana establece que las personas detenidas deben ser puestas a disposición de un juez "sin dilación alguna", el 13.4 por ciento de los internos afirmó que transcurrieron entre seis y 24 horas del momento de su aprehensión hasta su traslado a una agencia del Ministerio Público.
El 6.3 por ciento dijo que pasaron entre 24 y 48 horas; y el 8.4 por ciento denunció que corrieron más de 48 horas.
Es en ese transcurso de tiempo en el que pasan numerosas violaciones a los derechos humanos, como acredita el 64.5 por ciento de la población privada de su libertad tras afirmar que sufrió algún acto de violencia durante su detención.
La encuesta arroja evidencia sobre las múltiples violaciones al proceso penal que enfrentan las personas privadas de su libertad en el país.
SJS
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