Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad validar el decreto de extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2020, al concluir que su desaparición no vulneró las facultades de los gobiernos estatales que lo impugnaron.
Durante la sesión de este lunes, el Pleno del Máximo Tribunal declaró infundadas las controversias constitucionales presentadas por los entonces gobernadores de oposición de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, quienes argumentaban que la eliminación de estos instrumentos financieros afectaba la asignación de recursos federales a las entidades.
El ministro ponente Arístides Rodrigo Guerrero García propuso declarar infundados los alegatos, señalando que las demandas no evidenciaron una afectación directa a atribuciones constitucionales de los gobiernos estatales.
“Las demandas plantearon argumentos genéricos sobre las bondades de los fondos y fideicomisos, pero en ningún momento pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida por la Constitución”, expuso el ministro.
Asimismo, Guerrero García reprochó a la anterior integración de la Corte por no haber resuelto estas controversias durante más de cuatro años.
“No caeré en la narrativa de si la anterior Corte fue buena o mala, pero sí lo quiero decir con claridad: fue muy irresponsable. Durante cuatro años se cerró la instrucción y no se presentó propuesta alguna”, sostuvo.
Aunque el Pleno validó el decreto desde la óptica del federalismo y la división de poderes, aclaró que hasta ahora la Corte no se ha pronunciado de fondo sobre si la desaparición de los fideicomisos vulneró derechos humanos, un aspecto que sigue pendiente de resolución.
El ministro recordó que el alcance de las controversias constitucionales se limita a verificar el respeto al marco constitucional, y no incluye la evaluación de políticas públicas, como las decisiones presupuestarias del Ejecutivo federal.
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