Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La propuesta de reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales podría tener efectos adversos en la economía nacional, como una caída del Producto Interno Bruto (PIB), incremento de la informalidad laboral y presiones inflacionarias, advirtió Banamex en un análisis difundido este martes.
Según la firma financiera, la reducción de 16% en las horas trabajadas afectaría especialmente a sectores intensivos en mano de obra como manufactura, comercio y servicios continuos, donde las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) serían las más vulnerables ante los nuevos costos.
“En el corto plazo implicaría costos adicionales relevantes para las empresas. La reforma podría tener impactos negativos como disminución del empleo formal, aumento de la informalidad y menor crecimiento económico”, señaló Banamex.
La institución estimó que el PIB podría caer entre 0.1 y 1 punto porcentual, dependiendo de si las empresas logran adaptar tecnologías para mantener su producción. Además, se prevé un posible aumento en la tasa de desempleo entre 0.2 y 0.4 puntos porcentuales, especialmente cuando la reforma entre en vigor para las MiPymes.
También advirtió que los trabajadores desplazados del sector formal podrían terminar en la informalidad, lo que afectaría sus derechos laborales y reduciría la capacidad de fiscalización del Estado.
En cuanto a la inflación, Banamex calcula que el traslado de los costos laborales a los precios finales podría elevar la inflación hasta 0.4 puntos porcentuales, en un escenario sin subsidios ni implementación gradual. Esto, considerando que los costos laborales representan el 30% de los gastos totales de una empresa.
“La reducción de horas implica un aumento salarial por hora del 20% para los trabajadores afectados y menor rentabilidad de las empresas”, explicó el banco.
Finalmente, Banamex subrayó que la reforma llega en un momento económico frágil para el país, con un crecimiento proyectado de 0.0% para 2025, así como finanzas públicas debilitadas que dificultan la posibilidad de otorgar apoyos fiscales.
“La transición plantea desafíos como la duración del periodo de adaptación, la supervisión de cumplimiento y la capacidad de las empresas para absorber el impacto sin cerrar operaciones”, concluyó.
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