Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presencia de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha provocado molestia en varios sectores, tanto así que con marchas, manifestaciones y recursos legales se ha solicitado el retiro de ésta.
El pasado 1 de febrero, el Poder Judicial de la Federación (PJF) admitió un amparo de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en el que se pide el retiro de los casi 6 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en 190 estaciones del Metro.
La demanda fue presentada la última semana de enero de 2023 en representación de una persona usuaria de este transporte para exigir que el Gobierno de la Ciudad de México proteja los derechos de quienes utilizan este sistema destinando recursos para su mantenimiento y sin militarización.
Tras el anuncio público del despliegue de la Guardia Nacional, el pasado 12 de enero, el Gobierno capitalino envió a los elementos a las instalaciones del Metro sin aclarar cuáles serían sus actividades, objetivos, presupuesto asignado, alcances de su participación, sus parámetros de coordinación o supervisión ni las implicaciones legales o administrativas de su incursión en estas actividades.
Con esta decisión, en primera instancia, el gobierno capitalino viola el derecho a la seguridad jurídica de los usuarios debido a que esta acción fue tomada sin importar que la Guardia Nacional no cuenta con facultades jurídicas para intervenir las estaciones del Metro, pues su marco jurídico establece como autoridades encargadas de la seguridad a elementos de la Policía Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Debido a que la Guardia Nacional es una institución mayoritariamente militar -más de 70% de sus elementos provienen de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina– la presencia de éste cuerpo de seguridad también viola el derecho a la seguridad ciudadana de las personas usuarias, pues no cumple con los requisitos que componen la seguridad pública, una función estatal que debería estar a cargo de instituciones policiales civiles, formadas y profesionalizadas en la materia.
La decisión del gobierno capitalino, finalmente, afecta el derecho a un buen gobierno de las y los capitalinos, debido a que el uso de recursos del presupuesto que deberían ser destinados a la reparación, mejora, modernización, ampliación y mantenimiento del STC Metro está siendo desviado para costear la presencia elementos de Fuerzas Armadas que no responden a estos objetivos, por cierto, sin que hasta el momento se haya informado públicamente el costo de esta operación, señala MUCD.
Con este amparo, MUCD busca que el Poder Judicial reconozca estas violaciones a derechos humanos, revierta la medida de despliegue de este cuerpo militarizado y ordene al Gobierno capitalino redireccionar sus esfuerzos en la verdadera protección del derecho a una movilidad segura para las y los usuarios.
AC
