Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proceso penal en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el escandaloso caso de la planta Agronitrogenados, sigue su curso. Un Tribunal Colegiado le negó el amparo con el que buscaba librarse de la acusación de lavado de dinero que pesa sobre él por la compra a sobreprecio de dicha instalación industrial.
El fallo fue emitido por el magistrado Ezequiel Altamirano Roches, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, quien concluyó que no hay base legal para suspender el procedimiento judicial contra Lozoya, como él pretendía, bajo el argumento de que ya se había cubierto la reparación del daño.
La defensa del exfuncionario federal alegó que Alonso Ancira Elizondo, empresario vinculado también en el caso, ya había pagado parte del monto acordado como reparación del daño al Estado mexicano. Sin embargo, el tribunal fue claro: el pago parcial no es garantía suficiente para beneficiar a otros coimputados como Lozoya.
Y es que, aunque Ancira se comprometió a pagar 216 millones de dólares tras su extradición y acuerdo con las autoridades, hasta el momento solo ha cumplido con dos pagos que suman alrededor de 110 millones. En caso de no completar el monto total, incluso él podría regresar a prisión.
El caso Agronitrogenados, emblemático en el contexto de corrupción en Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, involucra la compra de una planta obsoleta a Altos Hornos de México (AHMSA) a un precio inflado, operación que la Fiscalía General de la República (FGR) considera un delito grave con implicaciones en el lavado de dinero.
Con esta decisión judicial, el proceso legal contra Lozoya continúa y se mantiene la ruta hacia la etapa intermedia del juicio, donde la FGR podría formalizar la acusación por lavado, una de las más serias que enfrenta el exdirector petrolero.
Ahora, el escenario se cierra un poco más para Lozoya, quien desde 2019 ha intentado, sin éxito, cambiar su rol de acusado a colaborador, sin aportar pruebas concluyentes en otros casos de corrupción como Odebrecht.
RPO
