Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fundación Gabriel García Márquez presentó recientemente el estudio “Desiertos Informativos”, una radiografía sobre las condiciones del periodismo local en cinco países de América Latina: Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Los hallazgos revelan un panorama preocupante para la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro país, donde persisten la precariedad laboral, la dependencia económica y la violencia contra periodistas.
De acuerdo con Cristina Ávila, coordinadora del estudio en México, el proyecto no es un censo de medios, sino un mapeo que busca identificar las regiones donde el acceso a la información de interés público está limitado o en riesgo. La investigación se aplicó en 351 municipios del país y nueve alcaldías de la Ciudad de México, con casi mil encuestas realizadas a medios locales.
Uno de los principales hallazgos es la marcada dependencia de los medios respecto al financiamiento público. Esta relación compromete la autonomía editorial y genera que los contenidos respondan más a intereses gubernamentales que a las necesidades informativas de la ciudadanía. “Quien paga manda”, advirtió Ávila, al explicar cómo esta situación impacta en lo que se publica y, sobre todo, en lo que se omite.
Entrevistada en el programa En Contexto. Abriendo la Conversación en Michoacán, que se trasmite por Radio Fórmula Morelia, Cristina Ávila destacó que el estudio también evidenció que existe una concentración de medios y periodistas en las grandes ciudades, lo que deja en desventaja a comunidades rurales y regiones apartadas. Esto contribuye a que muchas localidades vivan en un doble abandono: institucional y mediático, sin información que les permita comprender y enfrentar los problemas que afectan a su entorno inmediato.
Otro aspecto crítico es la precarización laboral. Apenas un 34% de los medios encuestados otorga contratos formales a sus periodistas; el resto paga por nota publicada o mediante comisiones de publicidad. Esta dinámica precariza aún más la profesión y genera un impacto directo en la calidad y profundidad de los contenidos periodísticos.
El estudio también reafirma que México es el país más peligroso de Latinoamérica para ejercer el periodismo. Las amenazas, agresiones y asesinatos se han vuelto parte del día a día, y lo más alarmante, según la investigación, es que el principal agresor es el propio Estado mexicano a través de sus instituciones, funcionarios y actores políticos, situación que distingue a México frente a los otros países analizados.
Esta violencia, sumada a la dependencia financiera, se traduce en censura y autocensura. Muchos periodistas evitan investigar o publicar temas sensibles por miedo a represalias o a perder su fuente de ingresos. Esto, explicó Ávila, priva a la sociedad de información clave para la toma de decisiones y la defensa de sus derechos.
En cuanto a la diversidad en las redacciones, el estudio identificó una escasa representación de comunidades indígenas, afrodescendientes, población migrante y del colectivo LGBT+. Aunque la presencia de mujeres en México alcanzó un 45%, cifra superior a otros países, la falta de pluralidad en las redacciones limita la cobertura de temas vinculados a estos sectores.
Otro hallazgo importante tiene que ver con las brechas digitales. En México, el 90% de los medios tiene presencia en Facebook, e incluso algunos existen únicamente en esta red social. Aunque esto ha permitido la creación de proyectos unipersonales, también ha generado polarización política y dependencia de modelos de financiamiento vinculados a actores gubernamentales o criminales, sin explorar nuevas formas sostenibles de independencia económica.
En el caso de Michoacán, el panorama refleja con crudeza las problemáticas nacionales. Se estudiaron 16 municipios con la participación de 32 proyectos periodísticos, que en conjunto agrupan a 259 periodistas, de los cuales 102 son mujeres. Sin embargo, 9 de esos municipios fueron declarados “desiertos informativos”: Apatzingán, Buenavista, Cherán, Huetamo, La Huacana, Tepalcatepec, Tiquicheo, Zacapu y Zitácuaro. Otros cuatro se consideraron semidesiertos y solo tres pudieron catalogarse como “bosques informativos”.
Los resultados de la encuesta revelan también que en Michoacán existe una alta dependencia de los medios hacia la publicidad oficial, pues 19 de los 32 medios participantes aseguran que la mitad o más de sus ingresos totales proceden del sector público. Esto significa que 6 de cada 10 proyectos periodísticos en la muestra estudiada del estado tienen una elevada dependencia al dinero gubernamental. Además del financiamiento público, los medios revelaron que entre las principales fuentes de ingresos figuran el contenido patrocinado y los publirreportajes, la creación de contenido para clientes y la pauta de venta directa.
La mayoría de los medios michoacanos opera con esquemas laborales precarios y una fuerte dependencia de la publicidad oficial. Aunque existen medios digitales en crecimiento, la investigación reveló que la falta de investigación periodística persiste debido al clima de violencia y a las limitaciones económicas y sociales.
La Fundación Gabo concluye que, mientras no se fortalezcan modelos de financiamiento independientes y mecanismos reales de protección para periodistas, México seguirá acumulando territorios donde la sociedad “muere de sed de información”. En estados como Michoacán, esta sequía informativa representa un obstáculo más en medio de la violencia y la desigualdad que atraviesan a la región.
RYE
