Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, informó este jueves, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que el Gobierno federal enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de fortalecer los mecanismos de revisión de candidaturas y evitar posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Durante su intervención en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual dependería del Instituto Nacional Electoral (INE).
🗳️ La comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales, quienes serían elegidos y votados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
Según explicó Luisa María Alcalde, el propósito es que esta instancia funcione como un vínculo entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular rumbo a los comicios de 2027.
La iniciativa plantea que los partidos políticos que decidan participar de manera voluntaria entreguen a la comisión las listas de personas aspirantes a candidaturas.
Posteriormente, la comisión consultaría información con distintas dependencias federales, entre ellas:
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Fiscalía General de la República (FGR)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
⚠️ Estas instituciones realizarían un análisis para determinar si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
La funcionaria aclaró que las autoridades únicamente informarían si existe o no dicho riesgo, sin revelar detalles de investigaciones o expedientes, con el fin de proteger el debido proceso y mantener la confidencialidad.
“Esta información las instituciones la entregan a la comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo, únicamente estableciendo si existe o no un riesgo razonable”, explicó.
Con base en la información entregada por la comisión, serán los propios partidos políticos quienes determinen si registran o no a determinada persona como candidata.
Asimismo, la propuesta establece que quienes aspiren a una candidatura deberán autorizar obligatoriamente al partido político para ser sometidos a esta evaluación, independientemente de si el instituto político decide o no consultar a la comisión.
📌 Luisa María Alcalde subrayó que la reforma no implica cambios constitucionales, sino únicamente modificaciones a la legislación electoral vigente.
“No es una reforma constitucional, es una reforma a la ley electoral”, puntualizó.
La iniciativa surge en el contexto de los preparativos rumbo al proceso electoral de 2027 y forma parte de las medidas que el Gobierno federal busca impulsar para fortalecer la transparencia y prevenir posibles infiltraciones del crimen organizado en candidaturas de partidos políticos.
De aprobarse en el Congreso de la Unión, la reforma permitiría establecer un mecanismo formal de consulta entre autoridades electorales y dependencias de seguridad e inteligencia.
SHA
