

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) fijó postura ante las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Sinaloa, señalando que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes para proceder conforme a la legislación mexicana.
El vocero y fiscal especial en Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, explicó que ya se recibió la solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense.
En su posicionamiento, la FGR dejó en claro que cualquier acción dependerá estrictamente del cumplimiento de los procedimientos legales vigentes en México. “Debemos cumplir todos y cada uno de los protocolos establecidos en la normatividad”, afirmó Lara López.
Uno de los puntos clave del pronunciamiento fue la falta de evidencia contundente en la solicitud internacional. De acuerdo con la Fiscalía, los documentos enviados no contienen los elementos probatorios suficientes que respalden las acusaciones señaladas por Estados Unidos.
Además, la dependencia anunció que abrirá una investigación paralela en territorio nacional para determinar si existen elementos que permitan ejercer acción penal en México. Esto con el objetivo de verificar la solidez de las acusaciones extranjeras bajo el marco jurídico nacional.
Otro aspecto relevante fue la advertencia sobre la filtración de información. La FGR señaló que la propia solicitud estadounidense pedía confidencialidad, por lo que su difusión podría contravenir normas procesales y afectar el debido proceso.
Las autoridades estadounidenses acusan a los funcionarios de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluyendo delitos como conspiración para traficar fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como el uso de armas de alto poder.
Asimismo, se les atribuyen actos de corrupción, entre ellos el pago de sobornos, la filtración de información confidencial y la protección de operaciones criminales. Uno de los casos más graves mencionados es el secuestro y asesinato de un informante de la DEA en 2023.
La Fiscalía subrayó que, conforme a la ley mexicana y tratados internacionales, la extradición solo procederá si se acredita plenamente la responsabilidad mediante pruebas suficientes. Además, recordó que en el caso de servidores públicos con fuero, se requeriría un proceso previo para retirar la inmunidad.
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, concluyó el vocero, al enfatizar el respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho.
RPO