Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión, uno de los delitos que más ha crecido en México en la última década.
En una sesión de apenas media hora, con la participación de un legislador por cada grupo parlamentario, se avaló con 37 votos a favor la modificación al inciso A, fracción 21 del Artículo 73 de la Constitución. El dictamen será turnado a la Mesa Directiva y se prevé que sea uno de los primeros temas a discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre.
Actualmente, aunque la extorsión ya figura entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, su tipificación varía entre estados, lo que impide una estrategia uniforme. La reforma también obligará al Estado a atender a las víctimas y perseguir este delito de oficio, sin necesidad de denuncia directa.
Durante la sesión, la diputada Laura Hernández (MC) advirtió que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión, la cifra más alta desde que se tiene registro, con un incremento del 83% en 10 años.
El priista Rubén Moreira respaldó la propuesta y llamó a legislar una ley reglamentaria que asegure la coordinación entre la Federación y los estados, advirtiendo que este delito puede traspasar fronteras estatales, afectando a personas a distancia mediante intimidación.
Por su parte, Irma Garay (PT) recordó que ya se implementó una estrategia nacional contra la extorsión, que incluye atención digna a víctimas, por lo que esta reforma ayudará a cerrar vacíos legales.
Desde el PVEM, Maricela Silva reconoció los esfuerzos del actual gobierno en reducir delitos de alto impacto, pero subrayó que la extorsión ha aumentado 21.1% entre 2019 y 2025, generando no solo violencia, sino deterioro del tejido social.
La diputada Cristina Márquez (PAN) también respaldó la reforma y exigió que la futura legislación refuerce a las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la extorsión. Mencionó el caso de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada secuestrada por negarse a pagar extorsión como taxista en Veracruz.
Finalmente, Clara Cárdenas Galván (Morena) destacó el uso de tecnología por parte de extorsionadores, tanto en llamadas telefónicas como en el “cobro de piso”, y alertó sobre el impacto económico de este delito. Citó estudios del INEGI que vinculan la extorsión con el aumento de la inflación, la caída del empleo, y el desinterés de inversionistas.
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