Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En solo 12 centros penitenciarios del país se concentra el 56 por ciento de las líneas telefónicas utilizadas para cometer extorsión, reveló este martes el Gobierno de México durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El dato forma parte del informe sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló las acciones implementadas para bloquear la operación criminal desde el interior de los reclusorios.
Entre las principales medidas, se incluye la instalación de inhibidores de señal, sistemas de videovigilancia, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología especializada en centros penitenciarios federales.
De acuerdo con García Harfuch, el 33% de las líneas identificadas ya fueron bloqueadas mediante operativos como:
Retiro de antenas en Altamira, Tamaulipas
Cambio de antenas en Matamoros
Bloqueo total de redes 3G y 4G en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México
La meta del gobierno federal es que, para el primer trimestre de 2026, estén completamente bloqueadas las comunicaciones ilegales en los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.
Entre el 6 de julio y el 30 de noviembre, autoridades federales y estatales han detenido a 615 personas por extorsión, en coordinación con 22 estados del país, entre ellos Michoacán, uno de los focos prioritarios de la estrategia.
Además, se realizaron cateos simultáneos en la zona centro del país que resultaron en la detención de 15 personas, incluyendo a Isai Gabriel N., presuntamente ligado a delitos como extorsión, narcomenudeo y homicidio.
En total, también se han cumplimentado 13 órdenes de aprehensión y abierto 3,684 carpetas de investigación por este delito.
Como parte del plan de seguridad, el Gabinete de Seguridad mantiene un despliegue constante de las Fuerzas Armadas en Michoacán y Sinaloa, así como reuniones semanales con sectores económicos clave, como productores de limón y aguacate, para atender sus preocupaciones en materia de seguridad.
“El trabajo no solo es operativo, también es de evaluación constante para mejorar las estrategias”, expresó García Harfuch.
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