Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción sin precedentes, autoridades federales y estatales pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a un conductor y su vehículo tipo Razer, tras ingresar sin autorización a la zona núcleo del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca, lo que constituye un posible delito ambiental conforme al Código Penal Federal.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de enero, cuando el vehículo fue detectado transitando dentro del Área Natural Protegida (ANP) sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Durante el operativo, el conductor desobedeció las indicaciones de las autoridades e incluso intentó arrollar a un elemento policial, lo que activó el protocolo legal para su detención y entrega a la FGR.
La intervención fue resultado de la coordinación entre la Policía Estatal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Guardia Nacional, la Conanp y la FGR. Cabe destacar que el procedimiento de puesta a disposición se realizó conforme a la fracción I del artículo 418 del Código Penal Federal, que impone sanciones de hasta nueve años de prisión y multas económicas por la destrucción de vegetación forestal fuera de zonas urbanas.
La acción fue posible gracias a la capacitación impartida el pasado 8 de enero a cuerpos de seguridad y personal jurídico, donde se detallaron los procedimientos para actuar ante estos delitos ambientales, especialmente en el contexto de vehículos tipo razer que operan en zonas restringidas.
El día 19 de enero, inspectores de la Profepa acudieron al lugar en compañía de personal de la Policía Ministerial y la Conanp, con el objetivo de evaluar los posibles daños ambientales ocasionados por el paso del vehículo y fortalecer el expediente ante la FGR.
Según la Profepa, esta es la primera vez que se logra judicializar un caso de este tipo en el Estado de México, lo que representa un precedente clave para la protección de ecosistemas de alta montaña y el refuerzo de la legalidad en Áreas Naturales Protegidas.
La dependencia federal reafirmó su compromiso con la aplicación de la ley sin excepción, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para prevenir y sancionar actividades que atenten contra el patrimonio ambiental del país.
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