Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos desechó la demanda interpuesta por el gobierno mexicano contra fabricantes de armas, al considerar que no existen fundamentos legales suficientes para responsabilizarlos del tráfico ilícito que alimenta la violencia en México.
La resolución fue unánime. El máximo tribunal estadounidense determinó que, bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), las compañías no pueden ser consideradas responsables si sus productos son utilizados para cometer delitos, como sucede en muchos casos con las armas traficadas hacia territorio mexicano.
"La principal alegación de México —que los fabricantes optan por vender armas a, entre otros, conocidos traficantes deshonestos— no cumple con ese requisito", declaró la jueza Elena Kagan.
Entre los fabricantes demandados se encuentran empresas de alto perfil como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. La demanda señalaba que estos fabricantes no han hecho lo suficiente para evitar que sus armas lleguen a manos del crimen organizado en México. No obstante, la Corte Suprema concluyó que México “no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado o instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de traficantes a grupos delictivos mexicanos”.
México sostiene que el contrabando de armas alimenta la violencia de los cárteles. A pesar de que en el país solo existe una tienda autorizada para la venta de armas, miles de ellas ingresan ilegalmente cada año por la frontera norte, fortaleciendo a grupos criminales.
La demanda original, presentada en 2021, pretendía abrir un precedente legal para responsabilizar a los fabricantes por no implementar mecanismos más estrictos de rastreo y distribución. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que no aplica ninguna excepción en la ley que permita avanzar con el caso.
México rechaza decisión y continuará lucha legal
Tras el fallo, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su firme rechazo a la decisión del tribunal estadounidense, asegurando que continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el tráfico de armas.
“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país”, señaló la dependencia federal en un comunicado, reiterando que la lucha contra el tráfico ilícito de armas no se detendrá.
La Cancillería aclaró que esta resolución no afecta la segunda demanda presentada en 2022 en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas distribuidoras de armas. Ese proceso continúa activo y se encuentra en fase de producción de evidencia.
México ha logrado posicionar el tema en la agenda internacional, tanto a nivel bilateral como multilateral, con la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU y una futura opinión consultiva por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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