Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aclaró que el exdirector de la Primera Visitaduría General, José Martínez Cruz, sí divulgó información privilegiada relacionada con el caso Ayotzinapa, aunque no se demostró que obtuviera un beneficio personal o profesional a raíz de ello.
La información fue compartida por la CNDH a través de un posicionamiento oficial, en respuesta a declaraciones recientes del propio Martínez Cruz y organizaciones afines. El organismo precisó que el exfuncionario fue cesado de su cargo en 2020, luego de divulgar datos confidenciales en entrevistas y publicaciones sobre dicho caso.
Tras su remoción, Martínez Cruz fue sometido a un procedimiento administrativo que culminó el 16 de mayo de 2023 con una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que determinó responsabilidad por el uso indebido de información obtenida en su cargo.
No obstante, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó un amparo en septiembre del mismo año, instruyendo emitir una nueva resolución que valorara si la divulgación generó una ventaja profesional para el implicado.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó los recursos interpuestos por ambas partes en agosto de 2024, regresando el proceso a una resolución emitida en enero de 2025. En esta última sentencia, se reconoció que Martínez Cruz sí divulgó información privilegiada, pero no se acreditó que obtuviera algún beneficio concreto, por lo que no se configuró una infracción administrativa.
Según el boletín, la CNDH actuó en todo momento dentro del marco legal, garantizando el derecho a defensa y audiencia del exfuncionario, sin incurrir en hostigamiento o persecución institucional.
El organismo también criticó que las recientes declaraciones del exfuncionario, así como su cercanía con organizaciones que han cuestionado el papel de la CNDH en el caso Ayotzinapa, forman parte de una “campaña propagandística” sin sustento jurídico.
Finalmente, reiteró que su posición siempre se ha sustentado en argumentos legales con el fin de defender los principios del servicio público como la transparencia, la ética y el uso responsable de la información.
AML
