Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) señaló que ha demostrado que la llamada verdad histórica fue una construcción elaborada desde el gobierno federal, para encubrir los hechos y legitimar e imponer la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso.
Al presentar el Segundo Informe de la Presidencia de la CoVAJ, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó las diferencias entre la verdad histórica y la investigación que lleva a cabo la comisión, y destacó tres puntos:
1. La verdad histórica señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, en tanto que la investigación de la CoVAJ refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
2. La verdad histórica acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominados Los Rojos, mientras que la CoVAJ reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.
3. Asimismo, la llamada verdad histórica reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la CoVAJ detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 Batallones de Infantería.
Por ello, Encinas Rodríguez señaló que la verdad histórica fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones para dar carpetazo al caso, además dice que pretendió presentar las sentencias de los responsables por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, con lo que se evitaba abordar lo sucedido desde la perspectiva de la desaparición forzada.
Explicó que trató de crear una versión de los sucesos, limitándose a señalar la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en la región, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal y no consideró la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando solamente a las autoridades locales.
Prevalecen las contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder y que derivaron en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones.
En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición.
Por lo que aseguró que sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
Detalló que los estudiantes eran objetivo de inteligencia militar de manera regular desde años atrás de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, los mandos militares no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, quien se encontraba dentro del grupo de estudiantes.
También señala que el grupo delictivo actuó con amplio número de personas a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
El funcionario aseguró que la CoVAJ no ha torturado, no ha sembrado pruebas, no ha alterado escenas del crimen, no ha fabricado culpables, ya que dijo ha actuado con ética.
Públicamente el Gobierno de México reconoció las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y señala a las personas que presuntamente intervinieron en los hechos, así como en la construcción de la verdad histórica.
Las personas detenidas actualmente suman 132 en diversos penales: 41 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 71 policías, de los cuales cinco son federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco, 45 de Iguala y el exprocurador general de la República, así como el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR); un exministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); un exsecretario de Seguridad estatal de Guerrero, además del presidente municipal y la expresidenta del DIF, ambos de Iguala.
A la par suman tres solicitudes de extradición de actores relevantes que se encuentran en Israel y Estados Unidos, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sobre el actuar de jueces, persisten decisiones contradictorias: 77 de 169 consignados liberados por tortura sin castigar a los torturadores. Se ordenó la destrucción de los videos de las seis cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. Se restó validez a pruebas de cooperación internacional, como las escuchas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y hubo falta de comprensión sobre testigos de identidad reservada y rechazo a la distorsión de voz e imagen por seguridad.
El uso de tecnología es otro de los aspectos que distingue la investigación realizada por esta comisión presidencial, que mediante modelos geoespaciales proyectó el análisis hidrológico, así como un modelo digital del terreno en la Barranca de la Carnicería, con el cual se obtuvo un perfil sobre la posible ubicación de fosas, de acuerdo con la acumulación de nitrógeno en la tierra.
Tres estudiantes han sido localizados: los restos de Alexander Mora Venancio fueron encontrados en el Río San Juan, en octubre de 2014; los correspondientes a Christian A. Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz fueron hallados en la Barranca de la Carnicería en noviembre 2019 y octubre de 2020, respectivamente.
Se siguen desarrollando las acciones necesarias para localizar e identificar a los 40 estudiantes que permanecen desaparecidos. Se encuentran en proceso de identificación genética los restos óseos encontrados en el predio Las Cuevillas en Apetlanca, Guerrero, que se analizarán en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck.
Indicó que continúa la búsqueda de nuevas fuentes de información y de posibles testigos, en particular, de las intercepciones de comunicaciones realizadas por la Sedena al grupo delictivo durante los hechos.
En este sentido, el subsecretario reafirmó el compromiso para dar con el paradero de los estudiantes, utilizando los instrumentos del Estado y haciendo lo humanamente posible para alcanzarlo.
SHA
