Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) y organizaciones acompañantes han lanzado una alerta urgente ante el recrudecimiento de este fenómeno en México. De acuerdo con el pronunciamiento, la violencia e inseguridad han provocado un incremento crítico de casos en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo.
La situación es particularmente grave en la seccional de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. El reporte detalla que, en un periodo de menos de 24 horas entre el 24 y 25 de febrero, "más de 200 familias desplazadas" abandonaron la zona serrana para buscar refugio en Hidalgo del Parral ante la impune operación de grupos criminales.
Los colectivos señalan que los operativos de seguridad estatales han marcado un punto de inflexión que, lejos de pacificar, ha permitido a los grupos criminales potenciar el "despojo y control territorial". Esto obliga a las familias a huir para evitar riesgos extremos como el reclutamiento forzado, desapariciones, extorsión y violencia criminal generalizada.
Un aspecto crítico denunciado es la "incertidumbre jurídica y falta de atención" por parte de los tres órdenes de gobierno. Las organizaciones acusan a las autoridades de menospreciar la gravedad de las emergencias y de mantener una postura de revictimización al carecer de esquemas preventivos o de mitigación integral.
En el estado de Michoacán, el municipio de Apatzingán destaca como la demarcación con mayor cantidad de víctimas documentadas. A pesar de contar con un reglamento especializado desde octubre de 2024, el colectivo denuncia que este "nunca ha sido ejercido por el gobierno municipal", dejando a los afectados en el abandono institucional.
Por otro lado, en Tecoanapa, Guerrero, se reporta un "éxodo silencioso" donde comunidades enteras han huido incluso ante la presencia de la Guardia Nacional. El informe subraya que "no hay registro oficial de las personas desplazadas porque han sido coaccionadas a no nombrar el conflicto", lo que impide el acceso a ayuda humanitaria básica.
Ante esta crisis, las organizaciones exigen la creación de una ley federal y políticas públicas eficaces. Recalcan que "no bastan los instrumentos legales especializados, cuando no se concretan en acciones de gobierno estatales con partidas presupuestales suficientes" ni rutas de atención institucional que sean claras y sistemáticas.
Finalmente, el Colectivo solicita de manera urgente una mesa de trabajo interinstitucional con el Gobierno Federal y de Chihuahua. El objetivo es establecer criterios operativos de evaluación de retornos seguros y soluciones duraderas que garanticen la protección integral de las familias que hoy se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad.
Para atender la crisis, el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno ha formalizado una serie de demandas legales y operativas dirigidas a los tres niveles de gobierno. Las peticiones se centran en pasar de la existencia de leyes "en papel" a una protección real y presupuestada.
Las demandas específicas son las siguientes:
Garantías de Protección y Ayuda Humanitaria: Exigen que se asegure la integridad física y el acceso a servicios básicos para las familias desplazadas en los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo.
Reubicación Temporal Interinstitucional: Solicitan acciones coordinadas entre dependencias para generar refugios o espacios de asentamiento temporal dignos mientras no existan condiciones de retorno.
Mesa de Trabajo en Chihuahua: Piden específicamente al Gobierno Federal y al del estado de Chihuahua una mesa de diálogo con representación de las víctimas para definir "criterios operativos y de evaluación de retornos claros".
Presupuesto y Especialización: Recalcan que cualquier instrumento legal es inútil si no cuenta con "partidas presupuestales suficientes" y funcionarios públicos especializados en atención a víctimas de desplazamiento.
Rutas de Atención Sistémicas: Demandan la creación de protocolos de actuación inmediata que garanticen la seguridad y la procuración de justicia para investigar los actos de violencia que originaron el abandono de sus hogares.
BCT
