Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La administración de Morelia, encabezada por el edil independiente Alfonso Martínez, podría pasar a la historia como aquella que desabasteció de agua a la ciudad.
La aprobación de la incipiente urbanización en la zona de la Loma de Santa María, alertan decenas de especialistas, provocaría esa consecuencia y otras igual de graves.
No es todo: la medida, que no pasó por el Cabildo, surgió de una trama que incluye documentos falsos y despojo.
La administración independiente de Alfonso Martínez ha insistido en que no solapará ninguna ilegalidad, pero sus actos demuestran lo contrario. Por lo pronto, ha desistido de impulsar un juicio de lesividad –una figura jurídica que permite detener una resolución administrativa favorable a un particular– para resolver definitivamente las irregularidades.
La autorización del ayuntamiento para cometer esta agresión contra los ciudadanos ocurrió el 9 de octubre de 2017, cuando la Secretaría de Desarrollo Metropolitano de Morelia permitió la subdivisión del terreno.
La medida sucedió aun cuando en la propia página web del ayuntamiento se reconoce que se trata de una zona sujeta a preservación ecológica, según decreto del 31 de diciembre de 2009.
–La subdivisión es un paso previo a la urbanización –explica a este medio un miembro de grupos ecologistas locales que pide el anonimato–. Pero para urbanizar tiene que haber caminos: entonces metieron maquinarias.
Tal aseveración es confirmada por informaciones de días recientes que indican que la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del gobierno del estado (ProAm) anunció que se sancionaría hasta con un millón 600 mil pesos a quienes intenten fraccionar la zona, toda vez que, de conformidad con el decreto publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2009, fue facultada para la inspección y vigilancia de ese lugar.
–La ProAm ha tratado en diversas ocasiones de parar los trabajos –dice nuestra fuente–. El 9 de marzo de este año la dependencia obligó al dueño del predio a clausurar los trabajos para proteger la zona ecológica. Sin embargo, coincidentemente, un día después toda el área se incendió.
Los hechos demuestran que la administración municipal de Morelia no actúa con la misma energía que la Procuraduría. En su momento, la administración municipal encabezada por el edil independiente reconocía inconsistencias en la aprobación de la subdivisión del predio, pero declinó un juicio de lesividad y sólo anunció la suspensión de las obras en el terreno, algo que el dueño de la obra podría revertir mediante recursos legales.
–Tuvo que intervenir la ProAm porque el ayuntamiento de Morelia no detuvo este asunto –explica la misma fuente, acusando el riesgo de un daño ecológico irreversible para la ciudad. –Si se urbanizaba ese predio, ¿de qué manera se iba a sustituir la zona de recarga de los mantos acuíferos que surten a Morelia?
En los hechos, el actual ayuntamiento de Morelia podría permitir que se dejara sin agua a miles de morelianos, un temor que corroboran expertos reconocidos a nivel local como Patricia Ávila, Víctor Manuel Toledo y Víctor Hugo Garduño.
La responsabilidad de un supuesto despojo –aún en litigio– correspondió directamente a un juez y no al ayuntamiento. Sin embargo, es claro que la administración municipal se ha hecho de la vista gorda respecto de las muchas y notorias irregularidades bajo las cuales se realizó todo el proceso.
La trama comenzó en 1959. Entonces, Fausto Jaimes Silva, dueño de un predio de 15 hectáreas conformado por El Platanal y Cruz de la Capilla, lo vendió al presbítero Juan Méndez. Y éste, en el año 2000, se las donó directamente a la Arquidiócesis de Morelia.
Pero el 30 de agosto de 2016 la Arquidiócesis de Morelia perdió legalmente los terrenos, luego de que el juez Javier Gil Oseguera sentenció que Raúl Alvarado Santos, el mismo que hoy pide la subdivisión, era el dueño legítimo.
–Hubo varias cosas extrañas. El juez se basó en una escritura que no figura en la Dirección de Catastro del estado, como lo publicó hace pocos días el diario El Universal. En segundo lugar, la supuesta compra de terrenos de Alvarado se hizo sólo de manera verbal, avalada con mucha reticencia por la viuda y una hijastra de Fausto Jaimes Silva, y no existe ningún documento que la acredite. Por último, en sólo cuatro meses, un plazo desacostumbrado para este tipo de litigios, el juez concedió a Alvarado Santos un total de 78 hectáreas, de las cuales 15 eran de la Iglesia y las otras de otros propietarios.
La supuesta irregularidad fue tal que la Arquidiócesis de Morelia demandó a la administración encabezada por el independiente Alfonso Martínez.
Ver a otra parte
La afirmación de que la administración encabezada por Alfonso Martínez decidió ver a otra parte mientras sucedía el problema, tiene fundamentos. En su momento, el Cabildo intentó intervenir, pero sin éxito.
La historia tuvo varias aristas. Tras la autorización para subdividir en 43 fracciones el área en litigio, ciudadanos organizados y la propia Arquidiócesis de Morelia lograron reunirse con autoridades municipales. El 21 de febrero de 2018, el abogado general del ayuntamiento, Norberto Bedolla Rendón, acudió a las oficinas de la Dirección de Orden Urbano para enterarse de las posibles irregularidades cometidas por la administración para la cual él trabajaba.
Las presiones dieron sus frutos. Casi un mes más tarde, el 14 de marzo, el ayuntamiento suspendió la subdivisión y algunos funcionarios visitaron, por primera vez, el área en la cual había aprobado la incipiente urbanización.
–Los integrantes del Cabildo pedimos, el día 9 de abril de este año, un juicio de lesividad para el siguiente día 12, con la idea de detener por completo la resolución en favor del supuesto dueño de los predios, Raúl Alvarado Santos –dice a este medio un regidor del actual Cabildo–. Pero el edil no lo hizo. Apenas se remitió a decir que la subdivisión había sido revocada. Nada más.
Entonces no se convocó a los regidores a analizar la posibilidad de un juicio de ese tipo; ni más tarde, ni nunca.
–Peor aún: el 4 de abril de este año se reunieron varias autoridades en la oficina del secretario, Jesús Ávalos Plata. Entonces, Juan Fernando Sosa, secretario de Desarrollo Metropolitano, dijo que necesitaba más tiempo para mandar los antecedentes de la subdivisión al Instituto Municipal de Planeación… Sólo entonces, seis meses después de autorizarla, el ayuntamiento pretendía comenzar a planificar.
Ante las dudas que hasta hoy tienen muchos sectores de morelianos, el edil con licencia se ha referido escuetamente al tema, indicando que la subdivisión estaba anulada. Sus funcionarios tampoco han dado más explicaciones. Consultado por El Universal, el entonces secretario de Efectividad e Innovación y hombre de confianza del alcalde, Antonio Plaza Urbina, se remitió a responsabilizar a funcionarios menores.
–El presidente municipal instruyó a la Contraloría a revisar la actuación de los funcionarios públicos (que habrían aprobado la lotificación). El servidor público que se equivoca debe responder a sus actos. Fue todo.
Si bien la resolución aprobada por la Secretaría de Desarrollo Metropolitano indica en los incisos segundo y tercero que "queda prohibido el uso habitacional" de los predios y que "se autoriza la subdivisión del predio rústico como no urbanizable", distintas voces aseguran que una subdivisión es la antesala de la urbanización.
–Primero se construyen caminos, luego empiezan las presiones para hacer las casas– indica a este medio la misma fuente ecologista. Otras voces, como el hoy rival político de Martínez Alcázar en la carrera por la alcaldía, Carlos Quintana, corroboran las sospechas: "se trata de un tema preocupante, por cuanto aprovechándose del estatus actual el director de orden urbano autoriza una subdivisión".
Y mientras tanto, la historia no acaba: hasta el momento de elaborar este reportaje el edil no se ha pronunciado públicamente sobre un juicio de lesividad acerca de la urbanización de la Loma de Santa María, que desabastecería a miles de morelianos del vital líquido. La agresión a la ciudadanía sigue latente.
Ayuntamiento, omiso ante la ley
El Artículo 332 del Código de Desarrollo Urbano de Michoacán dice que "las autorizaciones de los desarrollos, desarrollos en condominio, relotificaciones, subdivisiones y fusiones, se otorgarán siempre y cuando no se afecten (…) zonas arboladas, así como terrenos forestales o preferentemente forestales, zonas de valores naturales, zonas de monumentos históricos o aquellos considerados como patrimonio cultural (…)"
De realizarse finalmente la subdivisión y posterior venta y urbanización de los predios, el edil Alfonso Martínez Alcázar pondría fin a una medida impulsada hace ocho décadas por el mismísimo general Lázaro Cárdenas.
El 8 de diciembre del año 1936, el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río, decretó que gran parte de las hectáreas que conforman la Loma de Santa María quedaban bajo la categoría de Zona Protectora Forestal Vedada.
"Es un hecho que la vegetación forestal forma uno de los principales agentes de retención de las aguas pluviales en terrenos de montaña, dando lugar a floraciones permanentes en forma de manantiales o corrientes de agua límpidas y potables (…) es necesario que se mantengan las buenas condiciones forestales para su mejor aprovechamiento y se evite la deforestación y erosión de las tierras descubiertas", dice el decreto de 1936.
El 31 de diciembre de 2009, un nuevo decreto, esta vez bajo la firma del gobernador Leonel Godoy Rangel, modificó la reserva protegida. El entonces mandatario arguyó que la urbanización no planificada del entorno hacía inviable mantener la zona original bajo el mismo rango, pero que los "procesos naturales" en la zona seguirían protegidos.
"Es indispensable llevar a cabo las acciones necesarias para la restauración, protección y el restablecimiento de las condiciones que propicien la continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban antes de ser impactada", dice el nuevo decreto.
Hoy, la administración de Morelia, encabezada por Alfonso Martínez, quien actualmente cuenta con licencia para ausentarse de su cargo y contender nuevamente por la alcaldía, permitió en la práctica la subdivisión de una zona que hace 82 años el general Cárdenas consideró estratégica para el futuro de los morelianos.
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